Neus Truyol, concejala de Medio Ambiente del ayuntamiento de Palma durante la pasada legislatura, y la antigua cúpula de Emaya, serán procesados por no evitar los vertidos de aguas residuales contaminantes en la bahía de Palma. Se sentarán en el banquillo con peticiones de pena de hasta cuatro años de cárcel cuando Cort está, precisamente, a punto de terminar la mastodóntica infraestructura que pondrá fin al histórico problema, tras una inversión de 27 millones de euros que debería ser argumento y prueba suficientes contra esa comisión de delito medioambiental por omisión que la fiscalía sostiene. Es decir, el Ayuntamiento que preside el alcalde José Hila desde hace siete años y de cuyo equipo de Gobierno forma parte Neus Truyol, primero como responsable de Medio Ambiente y ahora como teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, no solo no se ha cruzado de brazos ante la vergüenza de los vertidos contaminantes, como demuestran los hechos y las excavadoras que han levantado media ciudad, sino que está a punto de solucionarlos, pese a los retrasos que la construcción de la nueva infraestructura ha sufrido primero por la pandemia y después por la crisis de los suministros. Ojalá todos los problemas históricos de Palma que anteriores consistorios dejaron aparcados por falta de presupuesto, proyecto o incapacidad de sus responsables para acometerlos se afrontaran con similar diligencia. Cort tiene muchos problemas enquistados y el actual equipo de Gobierno no es precisamente un ejemplo de sensatez, cohesión y eficacia, como ha demostrado durante su última crisis. Pero la construcción del colector es quizá su proyecto más relevante de la legislatura. Y ahora también una prueba judicial contra esa supuesta inacción tan difícil de sostener.
