Carne de urna

Ocurre varias veces al año. Determinadas acciones realizadas por personas elevadas a la condición de representantes públicos por una suma aritmética, estadística o proporcional más o menos lógica, me transforman puntualmente en una papeleta bípeda cuatrienal que me convierte en «carne de urna».

Esas personas, a las cuales no he podido elegir dado que se me ofrecen a modo de pack de supermercado con la etiqueta de indivisible, pasan —algunas de ellas empaquetadas por gracia divina en sentido amplio— a considerar que; la plebe está majestuosamente representada por ellas. Legitimando los ecos de nuestros votos su omnímoda voluntad.

Lejos de una eficaz democracia participativa, la tiranía numérica —vulgarmente rodillo— aflora intermitente. No se trata de formalidades, son acciones clave, absurdas en ocasiones y en otras muy caras. Son desarrolladas una tras otra, administración tras administración, ignorando múltiples voces.

Por supuesto, no todas tienen las mismas consecuencias, algunas son tan injustas como que mi utilitario y yo gozamos de la misma subvención por gasolina que el propietario de varios Bugatti, uno de los cuales — el de dos, no el de ocho millones de euros — alteró recientemente la tranquilidad de los vecinos de la Comuna de Bunyola.

La subvención indiscriminada de la gasolina sería uno de esos episodios que inducen el título del artículo. No solo por la efectiva discriminación indirecta que suponen las ayudas calificadas como tales, sino porque fomentando el uso del vehículo privado no se reduce la demanda de combustible. Por consiguiente, además de la contaminación sube su precio. Por extensión incomprensiva, el consumo de los vehículos profesionales está tan subvencionado como el del millonario deportivo francés.

Hasta aquí, aceptando que Madrid queda muy lejos, con la única novedad de la papeleta bípeda y el chapista de Bunyola quizás con más trabajo, únicamente, quiero añadirme al club que considera la injusticia de las listas cerradas, la proscripción material de las consultas populares y las subvenciones indirectas. Ayudas que ridiculizan el manido lema de los poderes públicos: «tratar igual a los desiguales es discriminarlos» —en caso de duda, releer artículos sobre discriminaciones de género consentidas por las instituciones—.

Virando unos grados, sí, el responsable del accidente en la Comuna mantuviera una conversación con el perjudicado, y alguno de ellos la grabara legalmente, y —sin permiso— la difundiera ilegalmente, presentaría un comportamiento reprochable.

La —ficticia— conversación anterior debería permanecer en el ámbito de la intimidad, y su divulgación sin el consentimiento de las partes, salvo que fuera tutelada por la autoridad judicial, probablemente sea punible.

Coetánea al accidente y relacionada con grabaciones, llegamos a la «mierda» de Cort. Esta mención escatológica vertida por un concejal posteriormente cesado, aparece en una grabación editada que alguna persona ha difundido sin su consentimiento.

La «fétida» calificación se refiere al —decisivo—Plan General en trámite de la octava ciudad del estado, habitada por más de cuatrocientas mil personas.

De la «tragedia griega» que ha supuesto él antes, las grabaciones y su después, ya se habrá dicho todo, sin embargo, en ese «todo» que las envuelve, aprecio intereses personales y/o partidistas en lugar del interés colectivo. La impostura planea sobre el espectáculo, la ciudadanía no existe, ninguno de los actores me da credibilidad y me siento empujado hacia un rincón del vagón de ganado.

Me preocupa especialmente «esa mierda de Plan General» sobre el que, nada de lo escuchado, visto o leído, me hace pensar que, aun en la creencia de que su lugar sea el inodoro, algún representante —cesado o no— del Pueblo hubiera o vaya a votar en contra. De modo que, si los auspicios sobre las bondades del Plan son ciertos, el papel higiénico incrementará notablemente su consumo en Ciutat.

Conforme a ello, caen y suben peones digitados previamente por el aparato o el líder —pre-defenestrado—. Aun así, tal vez haya quien se vea indiferentemente representado por esa lista acerrojada que, va colocando las fichas al socaire de los ecos de las elecciones del 2019.

Si añadimos a la ecuación que, Palma necesita quince concejales para alcanzar la mayoría, y ese es el número de la coalición de gobierno, el poder de un solo voto condiciona y quizás haya condicionado toda la legislatura.

Esa fría aritmética es exportable a cualquier institución. Salvo el mendrugo en sobre cerrado de sus intermitentes festivales electorales, no existen mecanismos correctores que eviten subvertir la voluntad popular.

¡Pena de Palma! ¡Pena de democracia!