Resulta indignante. La respuesta que esta semana ha dado Demarcación de Costas al grupo ecologista GOB merecería que se realizara de oficio una auditoría completa de todas las licencias y permisos administrativos otorgados por la institución del Estado en la zona de dominio público marítimo terrestre del litoral balear. Y que esa misma revisión sirviera para detectar y actuar en consecuencia contra todas las instalaciones fijas o temporales que se mantienen año tras año al margen de la ley como si nada ocurriera, pese a los perjuicios que causan, las denuncias ciudadanas que provocan, y que por lo visto se tiran a la basura sin tramitar, y los beneficios económicos que su explotación genera para los infractores.
El GOB preguntó por dos casos concretos que ya había denunciado con anterioridad: los restaurantes El Bungalow, junto a la playa de Ciutat Jardí, y El Peñón, en la zona de la Torre d’en Pau. El primero está pendiente de resolución de una solicitud de legalización del restaurante y terraza presentada en enero de 2021, no dispone de la previa concesión y lleva así 40 años. Y el segundo tampoco cuenta con ninguna concesión y existe una orden ministerial de 2010 de denegación de otra solicitud. Pero Costas no hace nada para regularizar la situación. No hay sanciones. Premio gordo para el infractor, protegido por la inacción de la administración en todo el litoral balear, y bofetada para el ciudadano que todavía intenta cumplir la ley y cree que pedir auxilio a las autoridades servirá de algo.
