Un año después de la entrada en vigor del derecho a la eutanasia se han podido acoger 8 de los 17 demandantes en Baleares, donde se aceptaron 13 solicitudes, cuatro casos se interrumpieron por diversas razones y uno sigue en tramitación. El IB-Salut ha ayudado en ese tránsito a cuatro hombres y a cuatro mujeres de edades comprendidas entre los 28 y los 39 años, afectados fundamentalmente por enfermedades neurodegenerativas y oncológicas. Arropadas por la cobertura de la ley impulsada por la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y los servicios sanitarios, estas personas han ejercido de forma consciente y voluntaria, y bajo supervisión médica, su derecho a irse tranquilamente, sin el suplicio de alargar una vida que les resultaba más trágica que la propia muerte. «Me gusta vivir, pero ya no aguanto mi cuerpo». Fue el testimonio que nos dejó desde Eivissa una de ellas, Doerte Lebender, enferma de esclerosis múltiple, cansada de una existencia amarrada a una silla de ruedas y a una cama articulada, desde la que ya no podía ni avisar al dispositivo de emergencias de la Cruz Roja. La satisfacción de su último deseo fue el fruto de una larga lucha, que no sólo ha dado respuesta a las personas que cumplen con los estrictos requisitos y filtros de la norma, sino también a sus entornos, castigados en el pasado con procesos judiciales e incluso cárcel por ayudar en el desenlace final suplicado de quien no puede más.

Atrás quedó el debate crispado, y desgraciadamente consustancial a la vida política española, de un asunto trascendental para las personas: la manera de morir cuando se padece una enfermedad incurable, que provoca un sufrimiento inaceptable sin que nada lo pueda mitigar. El derecho a la eutanasia goza de amplio respaldo social, pero también genera un feroz rechazo en los mismos grupos de carácter conservador y religioso que combatieron en su día el divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual. Aunque la ley fue respaldada por todo el arco parlamentario, salvo PP y Vox, su pervivencia peligra, ya que ambos partidos interpusieron recurso ante el Tribunal Constitucional, órgano de mayoría conservadora y pendiente de una renovación que se resiste, y que el Gobierno pretende desbloquear con un nuevo cambio legislativo no exento de polémica. La eutanasia también podría derogarse si se cumplen los pronósticos de las encuestas electorales, como la realizada por GESOP para Prensa Ibérica y publicada en este periódico, que apuntan a un cambio de ciclo. Más allá de las cuestiones jurídicas y de las coyunturas políticas, hay una realidad incontestable: todos acabamos muriendo y tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar las terribles condiciones que siguen soportando muchas personas en la ineludible cita. Además de una eutanasia con todas las garantías, el sistema sanitario debe reforzar los cuidados paliativos para que en todos los supuestos y opciones se evite la agonía inútil y se procure la mejor muerte posible.