El 18 de marzo, Pedro Sánchez anunciaba que, aunque considera que el futuro del Sáhara Occidental está en manos de Naciones Unidas, Madrid considera que la propuesta marroquí de una autonomía para el territorio de la antigua colonia española es una buena base de negociación para sacar adelante una salida satisfactoria para todos. Los saharauis independentistas llevan medio siglo de exilio en Tinduf, en condiciones muy precarias, y la solución que proponen, un referéndum de autodeterminación, es difícil de llevar a cabo por la indefinición del censo: la mayor parte de los votantes de 1975 han muerto.
La declaración de Sánchez, que da prioridad a la autonomía sobre el referéndum aunque supedita cualquier solución a la ONU y a la negociación entre las partes, es evidentemente un eslabón de una decisión occidental que arrancó en diciembre de 2020 cuando Trump declaró la marroquinidad del Sáhara. Biden no ha tomado partido pero ha hecho saber que no modificará esta posición. El 6 de enero pasado, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, envió un mensaje al rey de Marruecos, Mohamed VI, en el que afirmaba que la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental es un «esfuerzo serio y creíble», y una «buena base» para llegar a un acuerdo en el conflicto. Y pocos días después de la declaración de Sánchez, el Gobierno de Francia afirmaba que el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental es «una base» a partir de la cual mantener discusiones «serias y creíbles».
Probablemente, Sánchez pudo ser más diplomático, compartir la decisión con la principal posición y convencer a Argelia de que no dejaría en la estacada a los saharuis. Pero no puede decirse que la posición de España es excéntrica: la comunidad occidental piensa que no se puede mantener la crisis indefinidamente, y que por lo tanto es hora de tomar decisiones.
