La semana pasada hice un repaso por el origen, el sentido y la estructura de nuestro sistema de seguros agrarios. Lo más importante. No perder de vista que el objetivo político que subyace al seguro agrario como instrumento de política pública es que actúe como garantía de las rentas agrarias frente a las adversidades de cualquier tipo.

Cuando llegamos a la Consellería de Agricultura, el nivel de contratación de los seguros agrarios en las Islas Baleares había caído a niveles nunca vistos. El descenso entre el año 2016 a 2019 fue continuo, pasando de 913 a 668 pólizas contratadas, aunque, en lo que respecta al capital asegurado, la caída no fue tan notable, pasando de 23,08 M euros a 22,36 M euros. El sistema de seguros agrarios necesita una revisión general y por lo tanto, la tendencia en Baleares no puede desligarse del conjunto, pero la situación en las islas era especialmente dramática. La contratación de los seguros agrarios va muy en línea con el nivel de profesionalización de cada uno de los sectores concretos, pero, sobre todo, con el nivel de expectativa y confianza que tengan los agricultores y agricultoras en el conjunto del sistema. Sectores como el productor de patata trabajaron históricamente desde sus organizaciones para diseñar un seguro efectivo. El aseguramiento en este sector, o en el vacuno de leche, los herbáceos o el del vino, tienen un nivel de contratación superior al de otros como el del ovino o los cítricos en Baleares. En este contexto, y desde la perspectiva que me toca, son varios los factores que pueden influir en un cambio de tendencia. En primer lugar, una Consellería de Agricultura que incorpora los seguros agrarios como parte de la política agraria implicándose en buscar soluciones y mejoras técnicas en cada una de las líneas. En segundo lugar, contribuir financieramente y de forma progresiva a mejorar las condiciones de contratación de las pólizas. En tercer lugar, hacer una valoración realista de las líneas que cubren bien las realidades de la producción y que con pequeños cambios se pueden mejorar de forma considerable, como es el caso de la uva de vinificación, de aquellas otras que hasta que no se produzca un replanteamiento general del seguro, no funcionarán. Es el caso del seguro de compensación por pérdida de pastos.

Los resultados empiezan a notarse. En 2020 se rompió la tendencia y se contrataron 711 pólizas por un valor de 942.786,08 euros, de los cuales, el Ministerio subvencionó el 24,04%, la Consellería de Agricultura subvencionó el 26,79% y los tomadores pusieron el 49,17%. Pero en 2021 se contrataron 1.163 pólizas, lo que significa un incremento del 61,13% y por un valor de las pólizas que asciende a 2.347.211,31 euros. De este importe, el Ministerio ha subvencionado el 27%, la Consellería de Agricultura el 28% y los agricultores y ganaderos el 45% y con ello, el capital asegurado ha subido hasta casi los 28 M euros. En la convocatoria actualmente en vigor la subvención autonómica se eleva al 32,5% y en los seguros pecuarios que se contratan a partir del 1 de junio, el Ministerio ha aumentado 11 puntos la subvención para el seguro en sectores como el ovino y caprino.

El trabajo concreto para ir obteniendo resultados es laborioso y lento. En algunos casos, las decisiones deben adoptarse en el seno de los Grupos de Trabajo específicos donde participamos; ENESA, las Comunidades Autónomas, Agroseguro y las Organizaciones Agrarias y Cooperativas, y que deben ir precedidos por informes técnicos y de valoración complejos. Ha sido el caso de la inclusión en el seguro de cultivos tropicales, de las plantaciones de aguacate que tenemos en varios municipios de Mallorca y de Ibiza. Ha sido también el caso del aumento del precio por kilo asegurable de las variedades locales de uva de vinificación como Manto Negro y otras, que tenían reconocidos importes muy inferiores a la realidad de nuestro sector. En otros casos pasa por incrementar el porcentaje del tramo autonómico de subvención de las primas, como hemos hecho este año con todas las líneas de sequía de herbáceos y forrajes hasta llegar al máximo legal del 65% de la prima. Y en otros casos, el trabajo es mucho más profundo, como el que estamos desarrollando en el marco del Grupo de Trabajo correspondiente, para buscar una alternativa viable al seguro de compensación por pérdida de pastos o buscar una alternativa distinta para el seguro de rendimiento de frutos secos. Finalmente, también pasa por ser consecuente y aplicar obligaciones normativas que hasta ahora se obviaban desde la administración agraria, como el hecho de primar en los puntos, o en la intensidad de las ayudas, a las explotaciones que tienen suscritos seguros agrarios como forma de incentivar la contratación.

Al final, el agricultor y el ganadero debe comprobar que cuando se produce una adversidad cualquier el seguro responde y es deber de todos garantizar que así sea.