Cuando hace una semana leía en la tribuna de este periódico que el exministro Jordi Sevilla defendía que no podían bajar los impuestos, recordé una comida en su Ministerio, con él y Fernández Ordoñez, y cómo llegamos a un acuerdo sobre la creación de un fondo de insularidad, en el que yo negociaba también en nombre de Canarias, para conseguir un acuerdo en la posterior Conferencia de presidentes.

Digo esto para expresar el respeto existente entre diferentes concepciones, sin que ello signifique enfrentamiento, ni la negación de las teorías del otro, como ocurre hoy en una parte del mundo político y en la misma sociedad.

Y así lo veo también, desde esta concepción, a la hora de plantear cómo gestionar la inflación más alta de la UE y reactivar la economía, ya que el Gobierno ha tenido que revisar las previsiones de crecimiento a la baja por un descenso del consumo interno, entre otros motivos.

Desde el punto de vista de la izquierda más tradicional, el incremento del sector público y de las administraciones es la solución, y por ello, incrementar la recaudación y que el dinero pase de los ciudadanos a la decisión de los políticos es la alternativa que nos ofrecen hoy. Aunque hay que recordar que cuando el Sr. Sevilla era ministro, su presidente Rodríguez Zapatero defendía que bajar impuestos era de izquierdas, del mismo modo que lo hacían otros de sus ministros como Jesús Caldera o Pedro Solbes.

Hoy, la izquierda gobernante ha vuelto a su tesis clásica sobre incrementar la presión fiscal, y por ello es necesario exponer otra visión, para enriquecer el debate y que cada ciudadano analice y saque sus conclusiones.

En el caso de la recaudación, de los ingresos a través de los impuestos, se tiende a simplificar que dependen, básicamente, del tipo (%) del impuesto, lo cual es una premisa cierta solo en una parte.

Uno de los impuestos que más recauda es el IVA, que pagamos en todas las compras o transacciones mercantiles. Los tipos son: el general del 21%, el reducido del 10% y el superreducido del 4%. Pero además del tipo, la recaudación dependerá de la velocidad con que se mueve el dinero: si éste está circulando con rapidez, y pasa de unos a otros a través del consumo, habrá mucha más recaudación porque cada vez se pagará el IVA correspondiente.

¿Qué está pasando en la situación actual de alta inflación y en la que el 60% de las familias no llega a final de mes? Pues que no se ahorra, por tanto, baja el consumo; pero, además, las familias se centrarán en el consumo de lo imprescindible, como es la alimentación que tiene el tipo superreducido, y dejan de comprar otros productos que se gravan con el tipo general. Otra pregunta que nos debemos hacer es ¿quién gestiona más rápido la economía: el sector privado o el público? Creo que la sociedad sabe que el sector privado (empresas y familias), por lo tanto, el dinero circulará más rápido si está en este sector, ya que, por el control, transparencia y burocracia necesaria, el sector público es más lento, y consecuentemente en el medio plazo, se incrementará la recaudación si hay más dinero en manos de familias y empresas.

Vamos a otro caso: la gasolina. Cuando el Gobierno central confecciona los presupuestos de 2022 (recordemos que en el 2021 la gasolina había subido un 25,7% y el gasoil un 32,2%), la gasolina de 95 octanos estaba a 1,44 €/l de media, como los impuestos significan el 50,2% las administraciones ingresaban 0,72 €/l; ahora con el precio a 2€/l, les correspondería 1 €/l, y si descontamos la bonificación de los 15 céntimos le quedan 0,85 €/l, por lo tanto, están ingresando por cada litro 13 céntimos más de lo presupuestado. Sería más lógico bajar el impuesto en el porcentaje correspondiente y tener la misma recaudación prevista, mientras que el ciudadano y el profesional pagarían la gasolina a 1,58 €/l., % menor que en la actualidad.

En el actual contexto inflacionario y de vulnerabilidad económica, rebajar el impuesto a lo que había previsto en presupuestos ayudaría a disminuir la inflación, ya que el precio del transporte afecta a todos los productos, y todos tendríamos mayor poder adquisitivo. Y esta rebaja no obliga a recortes, ya que se ajusta a los ingresos.

La política actual del Gobierno: incrementar ingresos en detrimento de que particulares no puedan llegar a final de mes y que empresas de transporte pongan en peligro su viabilidad, es peligrosa en el medio plazo.

Otra necesidad de modificación impositiva está en el IRPF: el 61,3% de los ingresos del Estado español provienen de costes laborales, a diferencia de la media de los países de la OCDE, que está en el 50,4%, (ésta es una de las causas de una menor competitividad), lo que muestra la importancia del IRPF, que representa el 37,5% de los ingresos del Estado. El no deflactar la escala de tipos en función de la inflación existente, simplemente es un aumento de impuestos, ya que resta poder adquisitivo a todos los ciudadanos, incluidos los pensionistas sujetos al tributo.

El prestigioso profesor de finanzas de la Universidad de Nueva York Roubini, explica en su último artículo publicado en Project Syndicate que nos podemos enfrentar a una situación de estanflación larga, y la actual política española favorece esta senda de inflación y menor crecimiento.

Para mí, la conclusión es que en el actual contexto no es admisible que el Estado aumente sus ingresos un 16,4% en el primer trimestre de este año (aun con la caída en la recaudación del impuesto de la electricidad en un 83%) con millones de ciudadanos en la situación de apuros económicos. ¿Qué ciudadano ha visto crecer sus ingresos un 16,4%? Es una política antisocial enriquecer las arcas públicas en detrimento de los ciudadanos, hay que devolver este dinero al lugar de donde ha salido (la ciudadanía), para que sigamos una senda recuperación económica y social. Para ello, es necesario que la iniciativa privada pueda contar con los recursos que genera, y no seguir aumentando el gasto corriente de las administraciones.