Todo lo relacionado con el espionaje institucional es escabroso, opaco y retorcido. Por ello, el poliédrico caso Pegasus español no es fácil de desentrañar. La filtración original revela lo siguiente: una investigación del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, publicada en exclusiva por The New Yorker, dice haber encontrado pruebas de que se han realizado labores de espionaje mediante Pegasus a 65 abogados, académicos, periodistas y políticos de los entornos independentistas vascos y catalanes. Se trataría —se ha dicho— de la mayor operación de espionaje contra un solo grupo de «víctimas» documentada por estos investigadores especializados en rastrear las actividades de este software espía.
Los nacionalistas catalanes, con el presidente de la Generalitat, Aragonés (uno de los presuntamente espiados), a la cabeza, han puesto el grito en el cielo ya que se supone que el gobierno español habría realizado tal indagación (Pegasus, en teoría, solo está en manos de gobiernos amigos de Israel, una suposición arriesgada porque parece que los sistemas de infiltración son abundantes y no se limitan a un único patrón). Pero, además, los nacionalistas catalanes airados olvidaron decir que el referido informe, bautizado como ‘Catalangate’, identifica al informático catalán Elies Campo, perteneciente al club independentista, como principal autor del mismo. Este experto, que tiene intereses evidentes en el caso, no participó en la exótica rueda de prensa que dieron Puigdemont y Junqueras para conseguir un nuevo relato victimista que beneficie a sus posiciones irredentistas frente al Estado. Pero finalmente, la directora del CNI, destituida este martes, reveló que Campo era uno de los 18 líderes de Tsunami Democrático, la plataforma que encabezó las movilizaciones contra la sentencia del 1-O en octubre de 2019. Paz Esteban dejó también bien claro en aquella comparecencia secreta que todas las escuchas contaban con el preceptivo mandamiento judicial.
Tampoco mencionaron los denunciantes del «abuso» que el grueso de estas supuestas escuchas tenía lugar en el entorno de las fechas en que Puigdemont mantenía contactos con un supuesto enviado de Putin, que, aunque fuera un conspirador de opereta, decía estar dispuesto a entregar una colosal suma de dinero y diez mil soldados para respaldar la independencia.
Ante tales evidencias, lo extraño hubiese sido que un gobierno democrático y potente como el español no hubiera puesto en marcha todos sus recursos de investigación y espionaje, sabiendo como sabía que bajo la superficie pervivía una operación soberanista decidida a fracturar a la fuerza el Estado. Esto es lo que ha venido a decir la ministra Margarita Robles, ante la generalizada comprensión de una gran mayoría social y el afectado escándalo de los activistas.
Aunque permanecen algunas oscuridades, todo indica que estas actuaciones no tienen nada que ver con el espionaje sufrido por Pedro Sánchez y al menos tres de sus ministros en fechas singularizadas de nuestra relación con el vecino Marruecos. Un año después de tales filtraciones, cuya paternidad no ha sido descifrada todavía pero resulta fácil de adivinar, el gobierno ha creído oportuno tener un gesto de transparencia y dar a conocer estos evidentes fallos de la seguridad del Estado. Claramente, se trata de un fracaso de nuestro dispositivo de contraespionaje, que en parte podría ser imputable a la confusión de las competencias establecidas ya que no parece existir la debida conexión entre CNI y la unidad encargada de la seguridad de los miembros del gobierno.
Esta deficiencia, que no es ni mucho menos única en el panorama internacional (varios jefes de Estado y de gobierno de nuestro ámbito occidental han sufrido agresiones semejantes), sí justificaría una exigencia de responsabilidades en el seno del CNI, como la dimisión de su primer dirigente. No puede no pasar nada cuando se descubre que hace mucho tiempo la información privada del jefe del ejecutivo fue aprehendida por un tercero, que puede haberse aprovechado de ella.
En este sentido, el relevo de Paz Esteban y el nombramiento de Esperanza Casteleiro son irreprochables, pero lo realmente trascendental será que el CNI reconsidere sus modos de actuación y cierre y cuanto antes unos ostensibles agujeros que han hecho de nuestra institución de inteligencia un inquietante colador.
