La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha prometido en su visita a Baleares que la transferencia de las competencias de Costas se traspasará antes de final de año. El anuncio llega tras lamentables y reiterados episodios que ponen en evidencia la urgente necesidad de agilizar con sensibilidad y contundencia la gestión del dominio público marítimo terrestre, una parte muy especial de nuestro territorio por su calado medioambiental y económico. Cada inicio de temporada, vemos a negocios costeros sufriendo por el retraso de autorizaciones, a veces porque algunos ayuntamientos se activan tarde y muchas por el atasco de Costas, especialmente en los asuntos de particulares. Los perjudicados se sienten víctimas de una maraña burocrática donde todos se traspasan la irresponsabilidad que conduce a la ruina de empresarios y trabajadores y al desespero de vecinos. Por otro lado, sentimos que no hemos aprendido nada ante los desmanes de quienes persisten en un afán lucrativo y cortoplacista en el borde del mar, con actuaciones y excesos de ocupación que atentan contra la sostenibilidad y expulsan a los ciudadanos de la isla, o ante la letal desatención hacia los vestigios patrimoniales que se desvanecen en nuestro litoral, como los escars, empobreciendo nuestra cultura.

El anuncio viene a dar respuesta a una histórica reclamación de las islas, no por un ansia desmedida de de autogobierno, sino para dar cumplimiento al Estatut d’Autonomia que así lo recoge en su articulado. Cataluña (recibió 2.532 euros por Km lineal de costa y 4,8 empleados por cada 100Km) y Andalucía (2.235 euros por Km lineal de costa y 6,6 empleados por cada 100 kilómetros) ya lo tienen y Canarias va avanzado en la negociación. En el caso balear, se frustró el primer intento en 2009. Las negociaciones para sacar adelante este año el presupuesto del Estado abrieron una nueva oportunidad. El senador Vicenç Vidal incluyó la transferencia de Costas en la factura política por hacer de hombre puente para sacar del apuro a Pedro Sánchez. Bienvenido sea, aunque no deja de ser triste que las transferencias reconocidas por derecho no lleguen como consecuencia del cumplimiento de la ley, sino del habitual mercadeo político en el que el partido del Gobierno central cede a cambio de apoyos.

El traspaso de la transferencia «no es sencilla», ha advertido la ministra Isabel Rodríguez. Mientras su ministerio mantiene una actitud proactiva, la cartera Transición Ecológica, liderada por Teresa Ribera, que es la competente, se muestra más reticente. En el mejor de los casos, tenemos por delante seis meses de tiras y afloja con el elemento crucial de toda transferencia, la dotación. En el peor, la negociación se enredará y pasará a formar parte de los asuntos que quedan en el limbo de los temas pendientes, como el desarrollo fiscal del REB. No será sencillo, pero es urgente y necesario.