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Rosa Paz

Al borde del precipicio

El ‘Catalangate’ es un escándalo democrático y pone en un brete la continuidad de la legislatura, salvo que el Ejecutivo dé explicaciones convincentes

Si tal y como dicen sus críticos, a Pedro Sánchez solo le interesa el poder y se aferra a él como a un clavo ardiendo, lo que como afirmación no deja de ser una tontería cuando queda más de año y medio de legislatura, parece estar conociendo más sus hieles que sus mieles, porque su experiencia al frente del Gobierno está siendo más que accidentada. Inició la legislatura con una pandemia que, además de un largo confinamiento, trajo una crisis económica, social y emocional. Cuando parecía que el horizonte se despejaba y con la ayuda de los fondos europeos la economía remontaría imparable, Putin invadió Ucrania y los precios, que ya habían empezado a subir antes, se dispararon hasta extremos no conocidos en décadas. Eso Sánchez lo comparte con sus colegas europeos y con Estados Unidos.

Pero a él le han surgido problemas propios. Por citar algunos, la huelga del transporte a la que el Gobierno no supo dar respuesta por estar convocada por una asociación minoritaria, pero que colapsó la entrega de mercancías, por ejemplo, a los supermercados, generando la sensación de falta de suministros y de gran malestar social. A eso se sumó el cambio de posición de Sánchez sobre el Sáhara, que le puso en contra a todo el arco parlamentario, empezando por sus socios de Gobierno y sus aliados, y ahora el Catalangate. Esta historia de espionaje a los líderes del independentismo supone un escándalo democrático y pone en un brete la continuidad de la legislatura. Salvo que el Ejecutivo sea capaz de dar explicaciones claras y convincentes de quién, con consentimiento judicial o sin él, hackeó los teléfonos de más de 60 personalidades e impute responsabilidades si las hubiera, como ha prometido el ministro Bolaños.

No solo los líderes independentistas necesitan esas explicaciones, las requiere el conjunto de la ciudadanía, que demanda garantías de que se respetan las normas del Estado de derecho. Claro que, o bien por la escasa cultura democrática o por la contaminación ideológica de la ultraderecha, mucha gente no ve mal ese espionaje a quienes desde la derecha se calificó de golpistas por su intento de declarar la independencia de Catalunya. No es, por tanto, una exigencia mayoritaria, pero el Gobierno no debería confundirse por ello. Dar explicaciones y depurar responsabilidades ayudará a ampliar esa conciencia democrática y a frenar los discursos de quienes creen que todo vale en la batalla política.

El contexto tampoco ayuda. Porque todo esto ocurre con el PP de Feijóo al alza y mientras la coalición con Unidas Podemos hace aguas día sí y día también. Por más que la vicepresidenta Yolanda Díaz apoye a Sánchez frente a Ione Belarra, la imagen es de desbarajuste gubernamental. Y ocurre además durante la larga espera a que la UE autorice el plan hispano-luso para bajar el recibo de la luz, algo que urge pero que la lentitud comunitaria va retrasando. La gran incógnita ahora es saber cómo saldrá Sánchez de esta. Un político que siempre parece estar al borde del precipicio, pero que, hasta ahora, siempre se salva.

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