«Soy mayor, no idiota». Con un lema tan directo como veraz un jubilado de 78 años consiguió en escasas semanas recoger 650.000 firmas reclamando un trato más humano de las entidades bancarias hacia las personas mayores. Aunque la brecha digital se va reduciendo lentamente, los últimos estudios señalan que un 40% de los mayores de 65 años reconocen no haber accedido nunca a Internet. En los mayores de 75 años este porcentaje alcanza el 55%, y es aún más elevado en las personas con bajo nivel formativo.

Las nuevas tecnologías permiten una automatización de los procesos que conlleva ventajas indudables para una parte importante de los usuarios. Pero esa digitalización no puede constituir una excusa para hacer la vida más difícil a nuestros mayores. El cierre de oficinas conlleva la supresión de trámites presenciales, la necesidad de pedir cita previa on line y un sinfín de gestiones para las que son precisas unas competencias digitales que excluyen a los colectivos más vulnerables. En definitiva, la digitalización, lejos de ayudar, los convierte en más dependientes.

La campaña ha obligado a las patronales bancarias a establecer unos nuevos protocolos de atención a los mayores que incluyen la ampliación de horarios, cursos formativos y una atención telefónica preferente. Es una buena noticia que el sector privado se comprometa de manera inmediata a poner soluciones a un problema acuciante para las personas mayores, pero surge una pregunta inevitable: ¿está haciendo la Administración el mismo esfuerzo para facilitar la relación con sus administrados de más edad?

No parece de recibo exigir solo a las empresas lo que el sector público es incapaz de abordar. Es inadmisible que la Administración consienta que esa brecha digital se convierta en un abismo infranqueable para aquellos que precisan un mayor esfuerzo para adaptarse a los nuevos tiempos. Y los ayuntamientos, por su propia naturaleza, deben ser las administraciones más próximas al ciudadano.

Puede que la digitalización no constituya el mayor problema en los ayuntamientos pequeños que facilitan una relación de cercanía, pero Palma es la octava capital con más habitantes de España y afronta, como el resto del país, un envejecimiento paulatino de su población. Su Ayuntamiento debe aportar todos los recursos a su alcance para que la comunicación con sus ciudadanos sea ágil, eficaz y amable, tanto para los que se comuniquen por vía telemática como para aquellos que prefieran un trato más personal y directo.

El Ayuntamiento está para servir y ha de hacerlo desde la proximidad y la sensibilidad, especialmente con los colectivos más vulnerables. En mis visitas a las asociaciones de tercera edad es doloroso escuchar la percepción de olvido y marginación que les embarga, y mucho más tras haber pasado dos años tan duros de una pandemia que se ha ensañado especialmente con ellos.

Si los ciudadanos de Palma lo deciden así en las próximas elecciones municipales, a partir del año que viene me comprometo como Alcalde a establecer un canal de relación específico para las personas mayores, de manera que sientan próximo a su Ayuntamiento cuando lo necesiten. Les atenderá una persona si llaman por teléfono para realizar una consulta, y no un contestador. Si así lo desean, podrán recibir sus notificaciones en papel como siempre. Y por supuesto, pondremos a su disposición las herramientas y formación que necesiten si desean familiarizarse con esas nuevas tecnologías. Está bien exigir a los demás, pero es mucho mejor predicar con el ejemplo.