El Gobierno ha optado por prohibir y subvencionar en vez de aliviar la carga fiscal que sufren los ciudadanos asediados por la inflación galopante y reducir un gasto superfluo y oneroso en las circunstancias actuales. La primera consecuencia la tenemos en que muchas gasolineras han decidido subir el precio del litro de carburante inmediatamente tras el anuncio de las bonificaciones. Se trata de un sector liberalizado en el que cada establecimiento tiene capacidad para fijar los precios de acuerdo a su conveniencia. Hará lo que considere oportuno para sus intereses mientras que el consumidor seguirá expuesto a los vaivenes de la crisis energética ante la falta de clarificación y de medidas realmente eficaces para poder soportarla.
Una de ellas sería que el Gobierno derivase el gasto clientelar inapropiado para atajar los verdaderos problemas que impiden ya a muchas familias llegar a fin de mes y que amenazan con hacer sistémica la crisis. Pero, por poner un ejemplo, prefiere invertir los recursos públicos en un bono cultural joven de 400 euros para comprar videojuegos y que tiene como principal objetivo captar el voto en un segmento, al mismo tiempo que demanda sacrificios a la población en general. Todo ello antes que esforzarse en promover el empleo juvenil. Elegir las prioridades es acertar en la gestión y no parece que las del Gobierno coincidan con las que los españoles demandan en las horas económicas más oscuras de las últimas décadas.
Las cosas que más importan, escribió Goethe, nunca deben estar a merced de las que menos importan. El quid de la cuestión está en calibrar la importancia dependiendo del bien general y no de los intereses partidistas del corto plazo que se marcan los políticos, que tendrían la obligación de velar por los intereses de todos y que en estos momentos definen el futuro de una nación empobrecida.
