La crisis de la covid-19 ha afectado, a nivel laboral y de una manera importante, a las mujeres, muy vinculadas en nuestra comunidad al sector servicios. Pero la política de ERTE desplegada por el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, junto con todo el escudo social puesto en marcha, han permitido que pudieran resistir económicamente. Y, de la mano de los agentes sociales, se fue recuperando la actividad económica y laboral de manera segura. Es ilustrativo que, si en el tercer trimestre de 2019 trabajaron en nuestras islas 207.200 mujeres, en el mismo trimestre de 2021 fueron 214.200. Un incremento considerable.
Desde 2019, los socialistas estamos tomando medidas para mejorar la vida de las trabajadoras y reducir las desigualdades en el trabajo y los salarios. La nueva reforma laboral, pactada con patronal y sindicatos, supone, por primera vez en la historia, una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.
Esta reforma pone fin a la precariedad laboral heredada de la reforma laboral del Partido Popular, que en 2012 pretendió afrontar una crisis económica devaluando salarios y poniendo a los trabajadores a los pies de los caballos, debilitando la negociación colectiva, laminando los servicios públicos y recortando derechos y libertades. Una década más tarde, el gobierno progresista ha optado por un modelo radicalmente diferente: reequilibrar el poder de clase desde la negociación colectiva, recuperando la ultraactividad en los convenios colectivos, estableciendo el convenio sectorial de aplicación para quienes trabajan en contratas y subcontratas, con algunas medidas que incidirán de manera muy positiva en las condiciones laborales, especialmente de las trabajadoras.
La contratación indefinida se ha convertido en la contratación ordinaria, limitando el encadenamiento de contratos o los contratos de obra o servicio, que están muy feminizados, acotando las causas para la contratación temporal. También se establecen más controles para la mejora de la contratación de la modalidad de fijo discontinuo, para evitar que sean asignados a las mujeres. Si bien todas estas medidas favorecen en general al conjunto de los trabajadores, tendrán un impacto directo sobre la vida de las mujeres, que son quienes padecen más temporalidad y precariedad en el mercado laboral.
La reforma laboral ya empieza a dar sus frutos: en febrero hubo un 60% más de contratos indefinidos que en enero. Cuatro de cada diez contratos fueron bajo esta modalidad. Más de 4.200 mujeres se han beneficiado ya de las mejoras en la reforma laboral, pasando a un contrato indefinido o a la prolongación de éste gracias a la nueva norma.
Queda mucho camino por recorrer, pero vamos en la buena dirección. La obligatoriedad de planes de igualdad en las empresas con un registro de salario con independencia del tamaño de la plantilla es un arma eficaz para evaluar las brechas y corregirlas. La brecha salarial está en Baleares en un 13% y acaba convirtiéndose en una brecha de vida con una afectación importante en la cuantía de las pensiones. La media de pensiones, según el INE, es de 850 euros para las mujeres y de 1.250 para los hombres.
Las subidas del salario mínimo interprofesional han permitido reducir en dos puntos la brecha salarial entre mujeres y hombres, y la revalorización de las pensiones conforme al IPC, así como la subida de las pensiones mínimas, representan medidas fundamentales para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Medidas que permiten una mayor capacidad adquisitiva y que, hay que recordarlo, no han contado con el respaldo de la derecha ni la ultraderecha.
La ley de turismo supondrá un punto de inflexión para la mejora de las condiciones laborales de un sector fundamental para Baleares: las camareras de piso. Las kellys, quienes, deslomadas por el número de habitaciones que han de hacer y el peso de las camas, llegan en malas condiciones de salud a su jubilación. Que se incorporen las camas elevables por ley es una medida ergonómica que aliviará, sin lugar a dudas, su trabajo y mejorará su salud laboral.
Hemos dejado atrás una pandemia y sus peores consecuencias económicas y sociales sin el apoyo del Partido Popular. En el nuevo contexto originado por la invasión de Putin a Ucrania seguiremos trabajando desde la misma premisa: no dejar a nadie atrás, articulando desde lo público las medidas necesarias. Lo haremos de nuevo, con el PP o sin ellos. Avanzando en nuestra agenda para mejorar la vida de las trabajadoras y los trabajadores de nuestra comunidad.
