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Diario de Mallorca

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Ramón Aguiló

Ecrito sin red

Ramón Aguiló

El cinismo como principio rector del poder

Tras los muchos meses en los que la fiscalía del Tribunal Supremo ha estado examinando la documentación relacionada con las supuestas irregularidades atribuidas a Juan Carlos I, el fiscal jefe de la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, ha acordado el archivo de las tres diligencias de investigación practicadas. Como consecuencia inmediata, se concluye que no procede la interposición de denuncia ni de querella alguna contra el Rey emérito. Sobre algunas de sus conductas no hay indicios delictivos; sobre otras, que presentan indicios de delito fiscal, no puede seguirse, ninguna acción ante el TS porque, según la fiscalía, habría transcurrido el tiempo necesario para su prescripción, o bien se habrían producido antes de 2014 y el anterior monarca gozaba de la inviolabilidad consagrada en el artículo 56.3 de la Constitución. La fiscalía recuerda así mismo, que los posibles delitos fiscales habrían decaído como consecuencia de las dos regularizaciones fiscales realizadas de forma voluntaria, espontánea y completa.

Ya dijimos en su momento, cuando el episodio de las facturas de Aizoon del caso Nóos, que afectaban a Cristina de Borbón, la desconfianza absoluta que nos merecía la Agencia Tributaria que, primero las calificó de inaceptables concluyendo que existía presunto delito fiscal para, con posterioridad, aceptarlas descartando cualquier delito, lo que fue decisivo para la exoneración de la infanta. En esta ocasión han sido los propios técnicos tributarios los que se han pronunciado en contra del archivo de las diligencias al recordar, entre otros argumentos, que uno de los requisitos exigidos para el archivo de las diligencias por delito fiscal es la completitud y la espontaneidad en las regularizaciones por importe de 5.074.295 euros, siendo imposible la espontaneidad al producirse aquellas tras ser informado el Rey emérito por la propia Agencia Tributaria de la posibilidad de incurrir en delito fiscal por ingresos no declarados. Todo parece indicar que, si son muchos los ciudadanos que piensan que la justicia no es igual para todos, son multitud los que creen que en la Agencia Tributaria no existe ni la imparcialidad, ni la objetividad, ni la independencia.

Tras el archivo de las diligencias, el Rey emérito ha trasladado a Felipe VI su intención de fijar su residencia en Abu Dabi y trasladarse a España para cortas estancia relacionadas con la familia y sus amistades. Lo cual ha generado unas declaraciones del presidente del Gobierno en el sentido de que se echan en falta unas explicaciones por parte de JCI de lo que en otro momento calificó como informaciones perturbadoras. Dos versiones existen sobre la actuación del Gobierno. Una, la cercana a JCI, que atribuye a Sánchez la decisión de la fiscalía de prolongar artificialmente durante todo un año las diligencias de investigación para mantener al Rey emérito en Abu Dabi y alejado de España. La otra, cercana a Unidas Podemos, que se queja amargamente del cierre en falso de las diligencias atribuyendo a los socialistas la decisión final de descartar cualquier medida que pudiera conducir a un procesamiento. Lo singular de esas versiones contradictorias es que ambas sitúan a Sánchez al frente de una y otra medida, es decir, por una parte, desgastar la figura de JCI y, por la otra salvarla del banquillo de los acusados; ambas dando por descontado que la fiscalía no funciona de forma autónoma sino a instancias del Gobierno. Argumentos para sostenerlas no faltan, basta remitirse a la entrevista a Sánchez en la que se le preguntó por la dependencia de la Fiscalía General del Estado del Gobierno. Sánchez preguntó: «¿quién nombra a la Fiscal General del estado?»; le respondieron: «el Gobierno»; Sánchez respondió: «pues eso». El hecho de que Sánchez nombrara a Dolores Delgado, anterior ministra de Justicia, para el cargo evidencia la falta de separación de poderes del Estado y alimenta la convicción de que la nuestra es una democracia deficiente y de que la justicia no es igual para todos.

¿Es posible que Sánchez sea en el impulsor de medidas tan contradictorias? Pues si acudimos al pasado podremos ver cómo en un limitadísimo espacio de tiempo, a veces de pocas semanas, se ha contradicho, en su política de alianzas, sus pactos, sus promesas legislativas, etc. Hace una semana aseguró que no enviaría armas ofensivas a Ucrania, insistiendo, como sus socios de UP, en la diplomacia y la paz, para desdecirse al día siguiente. Justificándose en que la posición del Gobierno evolucionaba en la medida que evolucionaban los acontecimientos de la invasión rusa en Ucrania. Todo mentira, todo falso. Cambió tras el excelente discurso de Borrell ante el parlamento europeo: «nos acordaremos siempre de todos los que en estos momentos no estuvieron a nuestro lado». Desde Bruselas afearon a Sánchez que, de los 27 miembros de la UE, 20, entre los que no figuraba España, enviaban a Ucrania armas ofensivas para defenderse, mientras nuestro país, uno de los que más fondos europeos por la crisis económica de la covid-19 recibía, tras Italia, 140.000 millones de euros, se limitaba a enviar cascos, chalecos antibalas y material sanitario; equiparándose a la Hungría de Víctor Orbán y mostrándose insolidario. Al día siguiente se contradijo, argumentando, ¡vaya jeta!, el desacuerdo de otras fuerzas políticas con su firme compromiso del día anterior. Sí, Sánchez es capaz de hacer una cosa y la contraria al mismo tiempo. Para contentar a Podemos, para no deslizarse por la pendiente de la crisis constitucional, para cualquier cosa, pero, fundamentalmente, para mantenerse al frente del Gobierno.

La otra muestra de cinismo radica en el Tribunal de Cuentas, institución colonizada por el PP y el PSOE, desde su dirección a funcionarios. Pactó el PSOE con el PP su renovación de tal forma que la mayoría de miembros del PP se cambió por una mayoría del PSOE. El resultado es que la negativa del TdC a que la Generalitat avalara los 5,4 millones de euros malversados por el «procés» (Mas, Puigdemont, Junqueras y 31 más) se trocara en aceptación del aval público. Se supone que un tribunal, aunque formado por políticos, sea imparcial e independiente. Ahora, gracias a Sánchez, se pagará con dinero público una malversación de dinero público. Otro hecho surrealista, otra fechoría apenas publicitada para mantenerse en el poder.

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