El decreto de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo, aprobado por el Govern en reunión extraordinaria, nace con el propósito de marcar un nuevo rumbo al modelo económico balear para transitar de un crecimiento altamente intensivo en volumen, con claros síntomas de agotamiento por la sobreexplotación de recursos, la saturación de infraestructuras y el retroceso en bienestar de la población, hacia un crecimiento en valor, que no focalice el éxito en batir récords de afluencia de visitantes sino en un progreso eficiente, que atraiga un turismo de más calidad y contribuya a regenerar el territorio y a mejorar de las condiciones de vida de la sociedad.

La actual oferta de alojamiento del archipiélago suma 600.000 plazas hoteleras y de alquiler vacacional, una por cada dos habitantes, que generó en época prepandémica un flujo de 16 millones de visitantes para una población de 1,2 millones. Ahora, si un empresario quiere crear una nueva plaza, debe dar de baja otra de inferior categoría que adquiere en la bolsa pública de 18.718 camas. Con la moratoria de cuatro años contemplada en el decreto, esa bolsa queda congelada. No solo no caben nuevos desarrollos, sino que en ese periodo cada Consell tendrá la llave para fijar cuántas plazas resta a dicha bolsa, bajo amenaza de que si no lo hace se extinguen todas. Llegados a ese extremo, el decrecimiento máximo sería del 3,1%. La norma también impone medidas laborales para el confort de los trabajadores, desde fijar la carga de trabajo hasta instalar camas elevables, y establece requisitos de ahorro y reutilización del agua, eficiencia energética y consumo preferente del producto local, entre otras.

El espíritu de la ley comulga con el sentir social mayoritario y viene respaldada por un amplio consenso político, empresarial y sindical, fruto de una extenuante negociación liderada por el conseller Iago Negueruela, con gran implicación de la presidenta Francina Armengol y atención a las sensibilidades de los socios de gobierno. Entre las voces discordantes, destaca la patronal del alquiler turístico Habtur, que se siente «traicionada», así como el Consell de Eivissa y organizaciones empresariales pitiusas, que se sienten ninguneados en las conversaciones previas, al igual que el PP, crítico con las formas, pero favorable al fondo, según la valoración de su portavoz parlamentario Antoni Costa. Alegan desde el Ejecutivo que con el sigilo y la fórmula del decreto para la moratoria se ha querido evitar el ‘coladero’ que siguió a los decretos Cladera I y II. Frente a la inquietud de algunos empresarios por los desembolsos que exige la nueva norma, se garantizan ayudas públicas procedentes de los fondos europeos. Ahora se abre un periodo de tramitación parlamentaria y sería deseable un último esfuerzo para pulir la propuesta y ampliar la base del acuerdo a fin de garantizar una norma compartida que afiance un destino líder.