No resulta extraño que los representantes de los trabajadores de las empresas subcontratadas por los servicios informativos de IB3 calificaran el acuerdo de internalización alcanzado con el Govern de histórico. Seguramente no habíamos asistido a una arbitrariedad tan grande en la contratación pública en Balears desde la época de Unió Mallorquina al frente de Emaya. Pero la cuestión es que, en virtud de ese acuerdo tan alabado por las partes, 350 trabajadores se convertirán a finales de año y con cargo a los presupuestos en personal propio de la comunidad autónoma con carácter indefinido no fijo, sin formar parte previamente de ningún bolsín de interinos o haber superado un concurso de méritos u oposición.

Ese detalle sin importancia, que en condiciones normales debería situarse al inicio de todo proceso de contratación pública, se fía en este caso tan particular a una negociación futura, todavía sin fecha ni compromiso formal y con unas elecciones en el horizonte que pueden cambiar el Govern y el equilibrio de fuerzas parlamentario. Habrá que concluir entonces que las empresas subcontratadas por IB3 empeoraron las condiciones laborales de los trabajadores, como se ha denunciado con tanta insistencia, pero al menos tuvieron el acierto de escoger, sin saberlo, a los futuros 350 interinos de la administración pública, sin que conste con qué criterios lo hicieron.

Que un proceso así se presente como garantía de futuro de un servicio público independiente y de calidad resulta cuestionable, sean los trabajadores públicos periodistas, docentes, abogados o médicos. Su capacitación para formar parte de la administración la otorgan las oposiciones. Y de esa letra pequeña sin resolver todavía depende el futuro de IB3 y la consideración que puedan llegar a tener sus trabajadores. No hay otros atajos.