La internalización de los servicios informativos de la radiotelevisión autonómica con oposiciones es una buena noticia para la sociedad y para la profesión periodística y audiovisual, en particular. La medida anunciada por la presidenta Francina Armengol supone un primer paso para la superación de un conflicto larvado y de gran trascendencia para la ciudadanía en un sistema democrático, que ha de ver satisfecho su derecho a la información en el ámbito público con el mismo rigor que en la educación o la sanidad.

IB3 fue creada en marzo de 2004, por el corrupto president Jaume Matas, con un modelo externalizado de la parrilla de programación contratada a productoras, como se hace en todas las radiotelevisiones públicas, y -aquí radica el origen del conflicto que ahora nos ocupa- también de la plantilla de informativos. Su selección se encomendó a la empresa adjudicataria del servicio y se ha ido subrogando, renovando, recortando y ampliando con las sucesivas contratas. Organizaciones profesionales, como el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), liderado entonces por el actual director general de IB3, Andreu Manresa, y más tarde la Asociación de Periodistas (APIB) expresaron su disconformidad. Defendieron, sin éxito, redacciones configuradas a partir de oposiciones regidas por los principios de igualdad, mérito y capacidad para que accedieran los mejores y pudieran trabajar con independencia, sin temor a vetos y represalias, como la sufrida por Araceli Bosch, la voz inaugural de la radio pública que fue expulsada por ser hija de una activista contra el ‘pelotazo’ de Son Espases. Fue uno de tantos episodios negros que han lastrado la imagen de IB3 en sus 18 años de existencia. Manresa ha seguido calificando la situación de «anómala» y ha defendido ante las protestas laborales y de los partidos, que la internalización era una decisión política, no del gestor.

Tras varios consellers de todo color político al frente, Mercedes Garrido ha planteado una solución en varias fases, cuya letra pequeña está por escribir. Conforme finalicen las cinco contratas que operan los servicios informativos, a partir de 2023, los aproximadamente 350 trabajadores pasarán a ser empleados públicos interinos hasta la convocatoria de oposiciones. Se abre un periodo de negociación laboral y política para determinar el número de plazas, los requisitos, las funciones y las condiciones. Habrá tiras y aflojas, pero por encima de todo la resultante ha de procurar condiciones laborales dignas e igualdad de oportunidades a todos los aspirantes, sin olvidar el cometido fundamental de prestar un servicio público de informativos veraz y plural, con un coste ajustado, vertebrador del territorio y de la normalización lingüística, y que dé respuesta satisfactoria a las demandas de una sociedad más tecnológica que ha cambiado su modelo de consumo audiovisual.