El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha declarado al prestigioso diario británico The Guardian que la ganadería intensiva practicada en algunas partes de España es inconveniente, nociva para el territorio, dañina frente al cambio climático y que, además, la carne producida en esas granjas es de deficiente calidad. Las opiniones de Garzón son discutibles, aunque es muy cierto que muchos expertos creen más de futuro la ganadería extensiva que la practicada en espacios hacinados. Y de hecho varias CCAA, y el mismo Ministerio de Agricultura, han tomado iniciativas para, sin mucho ruido, ir limitando esas granjas.
¿Cuál es pues el problema con las declaraciones de Garzón? El primero es que hay empleo en esa actividad. Y que los que escuchen estos juicios negativos no van a distinguir entre la carne producida en la ganadería extensiva -que Garzón defiende- y la de las granjas intensivas. Decir que hay carne española de mala calidad y que atenta contra criterios ecológicos perjudica a toda la industria cárnica española que genera riqueza y empleo y es una parte nada irrelevante de las exportaciones españolas del sector alimenticio.
El segundo problema es que Garzón no es un ciudadano normal que expresa opiniones más o mensos fundadas sino que es ministro y su obligación -si cree que la ganadería intensiva es nociva- es convencer al Gobierno y a los consejeros del ramo de las CCAA para acelerar un proceso, que en parte ya está en marcha, para cambiar las cosas. Lo que en un columnista o un tertuliano sería apreciable -la denuncia de prácticas nocivas- se convierte en discutible e incluso contraproducente cuando quien la hace es una alta autoridad. Su papel no es el de criticar, sino el de conseguir que el Gobierno del que forma parte tome las medidas adecuadas. Y, llegado el caso, si el Gobierno no lo hace (muchas de esas competencias son de las CCAA), es libre de dimitir y explicar sus razones. Lo que parece incoherente es ejercer a la vez de fiscal en la prensa (extranjera) y seguir sentado en el banco azul.
Y las declaraciones son aún menos comprensibles porque se hacen con elecciones convocadas en Castilla y León, una comunidad donde la agricultura y la ganadería tienen más peso que en la media española. Unas elecciones donde la izquierda parte con malas expectativas y que el líder de la derecha, Pablo Casado, plantea como el primer eslabón de su victoria en las elecciones generales de 2023.
El PSOE, que fue el primer partido en la comunidad en las pasadas elecciones pero que no pudo gobernar por el pacto PP-Cs, ha salido a defender a la ganadería y a la industria cárnica. Y en una campaña electoral, puntualizar sobre la calidad de las distintas carnes que se producen en España no parece lo más adecuado. Luego, algunos ministros de Podemos se han sentido obligados a defender a Garzón de la insolidaridad socialista.
Así, el daño ocasionado es doble. Por una parte, da pie a las críticas de que el Gobierno ataca una importante actividad económica de la comunidad. Por la otra, se confirma -por enésima vez- que hay fuertes tensiones en el Gobierno, lo que mina su credibilidad. Y más cuanto la encuesta de El País del domingo dice que nada menos que el 67% de los encuestados opina que el Gobierno está dividido y el 60% lo cree inestable.
Algunos ministros -Garzón no es el único- ya deberían haber aprendido que gobernar es algo más complejo -y a corto menos gratificante- que expresar con total libertad opiniones más o menos fundadas.
