Las criptomonedas son conceptualmente dinero digital, aunque al no estar reconocidas como medio de pago se usan, sobre todo, para especular. La operativa es muy simple: obtienes una cantidad de cualquiera de las diferentes monedas que hay (Bitcoin, Ethereum, Solana, etcétera) y esperas a que suban de valor. Las puedes conseguir de dos formas: o las creas tú minando con algoritmos, o las compras a través de un intermediario, quien te proporciona un monedero electrónico y te las custodia. Los más habituales son Binance, eToro o Coinbase. Ninguno tiene sede en nuestro país, y por tanto aquí no hay autoridad competente. Son una apuesta arriesgada porque lo puedes perder todo, pero también, por esa misma lógica, puedes multiplicar por mucho tu inversión. No hay semana que no leamos alguna noticia sobre su creciente popularidad; sin embargo, las autoridades de muchos países continúan rechazándolas y alertando sobre sus riesgos: extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia. El Salvador es el único Estado que acepta Bitcoin. Están tan poco aceptadas oficialmente que ni el diccionario de Microsoft Word reconoce la palabra. Aunque parezcan nuevas, llevan 10 años entre nosotros y no están controladas por ningún banco central ni por ninguna institución. Evidentemente, si no están controladas tampoco están cubiertas por mecanismos de protección. A veces es necesario aclarar que si pierdes, pierdes. Si algo sale mal, no se puede esperar que el regulador te cubra las pérdidas.
La capitalización del mercado global de criptodivisas roza los 3.000 millones de dólares norteamericanos. Bitcoin, la moneda más popular, ocupa casi la mitad de ese valor. Por mucho que el sistema haya intentado pararlas, solo crecen. Hasta los futbolistas las promocionan. No hay cifras oficiales, pero algunos estudios estiman que en España hay cuatro millones de inversores. En nuestro país no hay ninguna ley específica porque se está esperando la regulación europea sobre mercados de criptoactivos, pero eso no impide que no se puedan comprar y vender. Ahora mismo están sujetas a la ley que traspone directivas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y que básicamente obliga a que estos intermediarios identifiquen a sus clientes y expliquen de dónde sale el dinero. Los bancos tradicionales no operan con criptomonedas y están perdiendo mucho dinero en comisiones por ello. La banca sabe que tiene que entrar en este negocio porque sus clientes se lo demandan y porque no puede seguir dejando que su parte del pastel se la lleven las plataformas. Grandes fondos como JP Morgan ya han comenzado a comercializar productos de inversión basados en Bitcoins.
El éxito de estas monedas virtuales tiene una doble clave añadida a la especulativa: la generacional y la de democratización del acceso. Por un lado, no hay una cantidad mínima para comenzar a experimentar y, además, eliminas a los intermediarios tradicionales: los brokers. Eres tú y tu destino, en un mercado hiperespeculativo que lo mismo multiplica en un año un 600% tus ganancias que te pulveriza la inversión. Pura adrenalina. Están al alcance de tu móvil y hay toda una generación digital queriendo apropiarse de un trozo de la riqueza que se mueve en los mercados financieros porque en el laboral está claro que no la van a encontrar.
¿Cómo se está gravando el espacio de los criptoactivos? En este mercado se mueven miles de millones cada día: ¿se pagan impuestos? En Portugal su compraventa no está gravada. En Alemania están exentas de tributar las ganancias que se producen si se han mantenido las cripto al menos un año. En España la respuesta recuerda a los primeros tiempos de las plataformas digitales y los retos impositivos que trajeron consigo: autodeclaración. ¿Y qué pasa si la mayoría de la gente no sabe cómo? Si se conociera la operativa de esta realidad, se identificaría que hay falta de información y dificultad para tener claro cuánto has ganado y perdido en todas las pequeñas operaciones que has podido hacer. El que mejor voluntad tenga, seguro que se equivoca haciendo los cálculos. El resto cruzará los dedos para que nadie venga husmeando. Pagar impuestos no debería requerir tener asesores fiscales para hacerlo bien. ¿No podríamos facilitar las cosas y que los propios monederos, en los que se hacen las transacciones, declararan las ganancias de cada individuo como lo hacen los empleadores sobre sus trabajadores? Al fin y al cabo, tienen todos los datos en sus sistemas, solo se los tienen que dar a la Agencia Tributaria y que los sumen a la cuenta. El discurso de «que paguen más los que más tienen», en el siglo XXI, supone mirar las ganancias nacidas del capital en la economía digital. Si conseguimos que pagar sea igual de fácil que especular, seguramente encontraremos nuevas vías de ingresos para mantener los servicios públicos que tanto usamos. Es evidente que aumentar la presión sobre unos trabajos cada vez más precarios no da más de sí.
