Tras años de espera, el Gobierno español ha concretado su propuesta para el nuevo modelo de financiación autonómica. Según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), las islas mejorarían dos puntos porcentuales en la tabla de necesidades de gasto por habitante respecto al actual sistema. Extremadura y Aragón resultan las más beneficiadas, con incrementos de 8,6 y 7 puntos, y Canarias y Galicia las más perjudicadas, con bajadas de -2,6 y -2,9, respectivamente. No lancemos las campanas al vuelo, ya que su autor y también presidente de la Comisión de Expertos creada para contribuir a la definición del nuevo modelo, Ángel de la Fuente, pedía en 2017, época prepandémica, una contención del «sentimiento victimista» en Balears. Situaba al archipiélago por encima de la media en materia de financiación y consideraba que «no hay motivo para una queja exagerada».

El documento de la ministra María Jesús Montero refleja un aumento del peso de la sanidad (pasa del 38% al 40-45%) y la educación (sube del 20,5% al 25-30%) para el cálculo, en detrimento de los servicios sociales (baja del 8,5% al 6-10%), e introduce novedades en el concepto, siempre polémico, de población ajustada. Este concepto es un indicador de las necesidades de gasto de cada Comunidad Autónoma que pondera su población empadronada con diversas variables de las que resulta una estimación del coste efectivo de la prestación de una cesta básica de servicios en cada territorio, teniendo en cuenta que para algunos supone mayor desembolso que para otros por sus condicionantes demográficos y geográficos, entre otros. Una de las variables que ya estaba y se mantiene es el de la insularidad, y una que se ha introducido es la de los costes fijos vinculados al gasto, que favorecería en principio a las comunidades de menos de dos millones de habitantes por tener más dificultades para aplicar economías de escala. Ambos elementos contribuyen a mejorar la posición de Balears, que sin embargo no ha logrado, por lo trascendido hasta la fecha, que se tenga en cuenta la sobrepoblación.

En el Consolat de Mar han visto con buenos ojos los principios generales del nuevo modelo, sin obviar que falta un examen pormenorizado de la letra pequeña, del impacto, por ejemplo, de pasar de siete a veinte grupos poblacionales en función de la edad para precisar el coste real de la sanidad o de introducir en el cómputo educativo la Universidad y la Formación Profesional. Y lo más importante, esta propuesta no deja de ser un punto de partida al que seguirán tiras y aflojas de todas las partes en el proceso negociador que se abre a partir de ahora. Y es ahí, un terreno tradicionalmente abonado a la arbitrariedad y a los «trajes a medida» del ejecutivo central de turno en función de sus conveniencias políticas, donde se librará la gran batalla. El Govern de Francina Armengol, que ha mostrado diligencia en la obtención y distribución de los fondos Covid, deberá extremar la habilidad negociadora en un tablero complejo marcado por los tiempos electorales perpetuos.