La celebración del aniversario de la Constitución ha propiciado los discursos enardecidos en su defensa por parte de sus principales beneficiados: el PSOE y el PP.
El protagonismo entre nosotros ha correspondido a la delegada del Gobierno, Aina Calvo que, entre otras cosas, dijo: «La Constitución es la vacuna más efectiva para protegernos de quienes se sitúan fuera de ella, de los que quieren atacar a la democracia y la convivencia desde el odio, el racismo, LGTBI-fobia, el machismo o hasta la violencia que nos lleva a tener que llorar a dos nuevas víctimas de violencia de género». A mí estas palabras me parecen confusas. Si, además, se identifica la C.E. con una vacuna, la confusión se incrementa: las vacunas decaen con el tiempo y esta Constitución es inmune al cambio en el tiempo, como por ejemplo el artículo 57, que habla de la sucesión en la corona: «La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer». ¿Protege frente al machismo el machista artículo 57 que consagra al varón frente a la mujer para la representación más alta del Estado? ¿Cómo no ha sido capaz el partido feminista de la delegada de llevar al Congreso una propuesta de modificación de la Constitución que acabe con esta anomalía?
No sabemos a quiénes se refiere la delegada con lo de protegerse de quienes se sitúan fuera de ella. No puede ser Vox, porque han manifestado repetidamente su acatamiento; y están en su derecho de tener el objetivo de cambiar algunos aspectos de la misma por los procedimientos constitucionalmente previstos, como las autonomías, aunque a algunos nos puedan parecer inconvenientes. Quizá se refiere a ERC y EH Bildu, que abominan de ella; pero el Gobierno del cual Calvo es delegada, no solamente no se protege de ellos, sino que ha sido elegido en las Cortes Generales con su anuencia y ha pactado con ellos el presupuesto de 2022. El partido Unidas Podemos, socio de coalición del Gobierno de Sánchez, por boca de su portavoz, Jaume Asens, dice que la Constitución «es un traje que se ha quedado viejo» y no parece que la coalición se rompa; es más, si hiciéramos caso a lo manifestado por Otegi, se reeditaría, pues los independentistas vascos aspiran a que Sánchez gobierne siete años más. Es más, existen ciudadanos a los que no les gusta la C.E. y aspiran a cambiarla, incluso a conseguir un proceso constituyente, ¿acaso no están protegidos por la C.E.? ¿Por qué deberíamos defendernos de ellos? En cuanto a la convivencia, el odio, el racismo, ¿es que no hemos percibido el odio, el racismo y hasta la violencia entre los aliados del Gobierno de la delegada? ¿No era Oriol Junqueras, presidente de un partido aliado del PSOE, ERC, el que alardeaba de que los genes de los catalanes estaban emparentados con los de los franceses, mientras los de los españoles lindaban con los del Magreb? ¿No es odio el acoso a un chaval y a su familia por haber reclamado el 25% de las clases en castellano, que atiza el gobierno de Rufián llamando a la desobediencia? No insistiré sobre la figura de Otegi. Sobre los delitos contra la democracia, la LGTBI-fobia y violencia de género, puede protegernos nuestra Constitución como cualquier otra. Los mismos enemigos de la democracia y otros delitos como los referidos (en más alto grado) se dan en los países del centro y norte de Europa. El discurso puede ser muy guay, pero es pirotecnia verbal en defensa del inmovilismo y el statu quo.
¿Es que acaso nos sirve para protegernos de su jefe, el escrupuloso Sánchez? Dice enfáticamente, tras ser declarados anticonstitucionales sus decretos de estado de alarma durante la pandemia por el Tribunal Constitucional, que «la Constitución es la hoja de ruta del Gobierno»; «hay que cumplirla de pe a pa». Ahí queda eso, insuperable, imbatible, como el chuletón. En primer lugar, la Constitución no es ninguna hoja de ruta, sino el marco en el que podría desarrollarse la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo, desarrollar el Estado de Derecho y proteger los derechos humanos, las culturas, lenguas e instituciones de españoles y pueblos de España. En segundo lugar, la C.E. no nos protege del escandaloso reparto de miembros del TC entre el PSOE y el PP (lo llaman separación de poderes) porque no es una carta magna a la medida de los ciudadanos, sino a la de los partidos.
La inviolabilidad de la persona del Rey recogida en el artículo 56.3 de la C.E. no nos ha protegido de las golferías, fechorías y delitos cometidos por Juan Carlos I. Delitos, pues si no, ¿a qué vienen las regulaciones fiscales del emérito? ¿Nos protege la C.E. de una AEAT que admite esas regulaciones pese a no ser espontáneas, pues suceden al aviso de la AEAT de que se le estaba investigando? Según Alberto Sáiz, director del CNI (2004-2009) sí hubo chantaje al Rey en el affaire de Bárbara Rey, a la que se le facilitó un programa de tv (Tómbola) y actuaciones en TVE, pero ni un duro de los presupuestos. Según las anotaciones del sempiterno Villarejo, éste sugiere que los 900 millones de pesetas cobrados por la «artista», 5,4 millones de euros, fueron abonados por Telefónica, Repsol y Santander, con lo que al final hemos sido todos los españoles los que, de una u otra manera hemos pagado las «debilidades, no la malicia» (según el melifluo Bono). Ya basta de engaños. Muchos republicanos aceptamos la monarquía de Juan Carlos I para hacer posible el tránsito de la dictadura a la democracia. Tras el golpe del 23 de febrero aceptamos sin reservas a JCI, hasta que empezamos con el tiempo a albergarlas, tras conocer los detalles del proceso de descalificaciones del Rey contra Suárez que culminó en tan fatídica fecha. Ya no hay motivo alguno que justifique la aceptación, sin más, para siempre, de la monarquía borbónica, un pesado lastre para el país. Puede que Felipe VI pudiera ser mejor presidente de la república, sometido a las leyes, que cualquiera de los políticos que sufrimos. Pero para seguir adelante necesitamos la unidad del país; esa unidad que sólo se podría dar si todos aceptáramos la forma de Estado que surgiera de un referéndum entre monarquía y república. Sin él y sin una Constitución a la medida de los ciudadanos seguiremos sin una democracia que merezca ese nombre.
