La huelga de basuras vivida en los últimos días en los municipios de la Part Forana ha hecho aflorar ante la opinión pública la falta de medios materiales y la precariedad laboral que afecta en Mallorca a un sector tan esencial como es la retirada y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Estamos ante un conflicto que se venía incubando desde hace tiempo. Ya se habían producido distintos conatos de paro, por parte de los trabajadores, que habían dejado patente la debilidad de sus condiciones laborales. El hecho de que un sector tan vital como el de las basuras no disponga a estas alturas de convenio colectivo, aunque este marco ahora sí parece vislumbrarse en un horizonte próximo, da justa dimensión de una anomalía que debe solventarse.

Estamos ante una precariedad de la que la Administración no puede desentenderse desde el momento en que afecta de lleno a un servicio público fundamental. Durante estos días de huelga algunos alcaldes han intentado permanecer en una posición de perfil resaltando que era conflicto entre trabajadores y patronal. Así es, pero también resulta evidente que en este caso los pasos previos son fundamentales. Las concesiones de recogida de basuras son directamente municipales o de las mancomunidades que agrupan a los ayuntamientos y a ellos les corresponde velar para que las contratas y subcontratas no sean en precario y garanticen las condiciones del servicio, el salario justo y los derechos laborales de los trabajadores. Estas premisas no son incompatibles con la búsqueda de unos precios, en los recibos de basuras, que no sean onerosos para el consumidor.

Del conflicto laboral de estos últimos días resaltan, por otro lado, algunos episodios sindicales y actos de vandalismo que en nada contribuyen a su solución definitiva. No olvidemos que la huelga permanece ahora postergada pero no desconvocada.

Las palabras del delegado de CCOO Miguel Pardo, recogidas en un audio que se ha hecho viral, con las que conmina a los empleados a «no matarse a trabajar» y a dejar que la gente y los ayuntamientos «se coman la mierda», empañan, con su resultado, el rédito y la imagen de los logros sindicales y también perjudican al buen nombre de Mallorca incluso, por supuesto, desde el punto de vista de los intereses turísticos. En un estado democrático, en el que está plenamente reconocido y garantizado el derecho a la huelga no son admisibles estos comportamientos al igual que tampoco lo son el incumplimiento de los servicios mínimos, como ha ocurrido, ni la quema de contenedores, de autoría desconocida, vivida en Santanyí.

La buena labor de mediación ejercida por la Dirección General de Trabajo y por la Felip, la federación de municipios, han posibilitado que por lo menos la situación permanezca en una fase de impasse a la espera de la oportunidad de solución definitiva. Pero no podemos obviar que el conflicto permanece larvado y con una fragilidad de acuerdo que puede volver a hacerlo estallar en cualquier momento.

Debe evitarse que así ocurra por distintos motivos, porque la salubridad pública es irrenunciable y porque Mallorca no puede permitirse, otra vez, la foto de calles y esquinas con bolsas de basura amontonadas. También porque los trabajadores tienen derecho a un trabajo digno y seguro y los ciudadanos a un servicio sin sobresaltos.