Todos los síntomas parecen indicar que avanzamos, especialmente a través de las vacunas, en el control de la epidemia, aunque el virus sigue vivo y coleando. Sus efectos afectaron a los ámbitos personales, relacionales, sociales, económicos, políticos…; y a su vez con mayor intensidad a determinados segmentos, tales como los incluidos bajo el epíteto de «jóvenes».
Dejo para próximas colaboraciones evaluar a colectivos tales como los/las adolescentes, hoy voy a referirme a un segmento denominado millenials formado por la generación que llegaron a su mayoría de edad (¿a su vida adulta?) con el cambio de siglo, y que en consecuencia ahora tienen entre 19/20 y 34/35 años. En España son más de ocho millones las personas que nacieron en la prosperidad, con un entorno político, económico y social infinitamente mejor que el de sus padres, pero que cuando llegaron a la mayoría de edad se dieron de bruces con una durísima crisis que truncó las expectativas de muchos de ellos. Son el colectivo de los sueños rotos. Como decía una joven millennial de forma gráfica en un conocido programa de radio: «Somos una generación de transición. Somos la última en muchas cosas y la primera en otras tantas. Estamos entre lo viejo, que no acaba de morir, como el papel o el bipartidismo, y lo nuevo, que no acaba de nacer».
Según el informe FOESSA hay cuatro factores fundamentales que marcan el riesgo social en las islas: la vivienda, el trabajo, el conflicto social y la salud. Voy a limitarme a los dos primeros: vivienda y trabajo, que van íntimamente ligados. La evolución de los precios de la vivienda durante los últimos años, que han aumentado a un ritmo sustancialmente superior al de los salarios, se ha convertido en una barrera casi infranqueable para el acceso de los jóvenes a su primera casa y les ha condenado a retrasar la emancipación hasta una edad cada vez más tardía. La irrupción de la pandemia y de la crisis económica desatada por las medidas para contenerla no han hecho más que agravar un problema que amenaza con cronificarse en todas las regiones españolas. Los datos apuntan a que a actualmente los menores de 30 años en España no disponen de los ingresos necesarios para poder alquilar o comprar en solitario una vivienda del mercado libre en ninguna de las 17 comunidades autónomas. El esfuerzo necesario para emanciparse ronda de media el 60% de los ingresos en el caso del alquiler y llega al 90% en el pago de una hipoteca, porcentajes que doblan y triplican el máximo recomendable –no superior al 30%– y que vetan, de facto, la posibilidad de poder contar con un hogar propio.
Las soluciones a este problema, que no es privativo de España, aunque sí resulta especialmente agudo en nuestro país, son muy variadas. Incluyen desde el control público de los precios –especialmente en el mercado del alquiler–, que no siempre ha sido eficaz en los países europeos en los que se ha implantado; hasta las ayudas y avales públicos para la adquisición de la vivienda, en mercados como el británico y el italiano.
El problema del acceso a la vivienda de los jóvenes tiene consecuencias graves no solo sociales, sino también económicas. El proceso de maduración de todo individuo implica poder contar a una edad razonable con la posibilidad de formar un hogar propio y dejar de depender del cobijo familiar, un objetivo para el cual es necesario contar con un trabajo estable y un salario suficiente. El despeje de esa ecuación, que en España parece irresoluble, puede facilitarse con ayudas y programas de financiación como el propuesto por las promotoras; pero la verdadera solución pasa por impulsar una economía flexible, capaz de crear riqueza y empleo, y de dar oportunidades a los jóvenes.
El gobierno ya ha anunciado una Ley de la Vivienda, especialmente dedicada a las viviendas en régimen de alquiler. Como es lógico, dicho proyecto de Ley debe pasar por las Cortes para su debate, con posibles(?) y siempre útiles(?) iniciativas de mejora por parte de la oposición. De momento su anuncio ya ha desatado un intenso debate centrado sobre todo en sus aspectos económicos/financieros. Sin embargo, las críticas no han valorado suficientemente la premisa constitucional de reconocer el derecho a la vivienda un aspecto en el que España lleva un serio retraso respecto a Europa.
El amago del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley podría acabar en un cierto chasco, otorgando un mayor reconocimiento del derecho a la vivienda acogiendo los criterios dominantes en la Unión Europea. Con independencia del desatino que supone anunciar el recurso de una norma de la que todavía no se conoce su redacción, lo cierto es que el derecho a la vivienda ha experimentado notables avances en la Unión Europea concretadas en iniciativas diversas. La solución del problema de la vivienda no está solo en manos del derecho. Los países que lo han resuelto, como Austria y Holanda, han desarrollado equipamientos de viviendas sociales, con participación de municipios, cooperativas y asociaciones sociales desde hace años. En Viena y Ámsterdam, el 60% de sus habitantes viven en viviendas sociales públicas o privadas. Sin duda la ley podría ser mejorada desde el Congreso de los diputados. Lo inaceptable es «no hacer nada»; y/o sustituir el debate por la descalificación.
P. Casado ya ha declarado, a voz en cuello, que la Ley de la Vivienda no se aplicará en las Comunidades y Ayuntamientos donde gobierne el PP. Y para más inri en una entrevista con A. Rosa Quintana afirmó: «Si tienes trabajo y una nómina puedes acceder a una alquiler». Tuvo su respuesta a través de otro periodista, Aimar Bretos: «Los últimos datos del INI confirman que uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 35 años cobra menos de 1.000 euros netos mensuales». Y añado de mi cosecha, con mayoría de contratos temporales y precarios, véase la contratación del recién finiquitado setiembre: únicamente un 16% fueron contratos indefinidos.
