Con el acuerdo cerrado entre PSOE y Podemos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha podido presentar esta semana los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Son unas cuentas que, en su contenido y estructura, desvelan de forma meridiana las intenciones y los objetivos que se marca el Ejecutivo para la fase decreciente de la legislatura.

Se vislumbran con claridad unos presupuestos de marcado signo expansivo que se esfuerzan en hacer especial énfasis en el gasto social y, en la medida de lo posible, sobre la inversión, todo ello concebido como motor impulsor para la salida de la crisis del coronavirus. Sin duda alguna, a la hora de cuadrar las cifras, el Gobierno ha tenido en cuenta también la época electoral que se avecina y trabaja en la confianza de que el aluvión de los fondos europeos podrán sacarle de apuros.

Pero, aún dentro de este optimismo reinante, el análisis de la realidad obliga a llamar la atención sobre dos factores de riesgo que planean sobre el panorama político y social actual, con posibilidades de desbaratar las cuentas previstas. No son otros que la inflación al alza y por otra parte, el encarecimiento de la producción energética y de las materias primas con el efecto que todo ello puede tener en las cuentas públicas y las economías domésticas.

Con estos nubarrones en el horizonte, el Gobierno mantiene el propósito de incrementar el crecimiento económico en medio punto para dejarlo en el 7% y lograr una reducción del déficit que pasaría del 10,9% al 8,4% del PIB. Además se marca como objetivo que la deuda pública baje del 119% del PIB previsto para este año al 115% en 2022.

Todo ello debe hacerse destinando la cifra récord de 248.000 millones a gasto social, teniendo en cuenta que los funcionarios deben ver incrementado su sueldo en un 2% y los pensionistas sus ingresos en un porcentaje ligeramente superior, unas pensiones que, por cierto, consumen nada menos que el 37,3% del presupuesto. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que las inversiones previstas alcanzan también el récord histórico de en 43.000 millones de euros.

Trasladadas a Balears, estas cuentas del Estado para 2022 tienen, sin duda alguna, un sabor agridulce.

Balears recibirá más dinero que nunca gracias en buena medida a la incorporación por primera vez del Régimen Especial Balear con una partida de 182,7 millones. Pero las cuentas estatales para 2022 arrojan también un jarro de agua fría al quedar las islas en el penúltimo lugar de las inversiones territorializadas, solo por detrás de Navarra que dispone de régimen foral propio.

Balears percibirá 172 millones por este concepto, son 30 menos que en el ejercicio anterior, lo cual se concreta en 141 euros por habitante, con una caída del 14,5%. No pueden justificarse estas cifras alegando que la posición de colista se compensa con el REB cuyo objeto es compensar algo distinto y singular como la insularidad. Tampoco puede ceñirse la mirada solo al presupuesto territorializado ya que Balears verá mejorada su posición en el reparto global por conceptos como la subvención al transporte aéreo y marítimo, dotación con 282 millones o los 50 para estrategia turística, entre otros. Queda por ver el futuro del convenio de carreteras, que de momento está a cero. Persiste el problema no resulto del modelo de financiación autonómico, un acuerdo difícil de alcanzar con los vientos electorales que empiezan a soplar.