El escudo social era otro eslogan. Lo ha puesto de relieve esta semana el Informe Anual sobre el Estado de la Pobreza en Balears, un documento que detalla con la crudeza y la precisión de las cifras el creciente aumento de las desigualdades en las islas, la paulatina desaparición de las clases medias, el alarmante crecimiento de las personas que viven en situación de pobreza o exclusión social y la consolidación del trabajador pobre, el que no puede acceder ni a lo más básico, pese a pagar impuestos y desarrollar una actividad profesional durante la mayor parte del día.
Son todavía las consecuencias de la gran crisis de 2008 y un avance de las de lo que está por venir durante este invierno por la crisis sanitaria, cuyos efectos económicos y sociales son aún mucho más acentuados en Balears por la dependencia exclusiva de la industria turística y los desorbitados precios de acceso a la vivienda. La descripción del informe es también en sus fríos datos la de un gran fracaso colectivo. No puede entenderse de otra forma cuando la mitad de la población de Balears tiene dificultades para llegar a fin de mes y el 26,6% vive directamente en la pobreza. El modelo político y económico entra directamente en crisis, pese a garantizar todavía el acceso universal a la sanidad y la educación. Y lo hace en la medida en que se muestra incapaz de ofrecer respuestas eficaces a las injusticias o al menos no las respuestas necesarias. Con estas cifras dan vergüenza ajena las críticas de las patronales al aumento del salario mínimo profesional, pero también las alegrías presupuestarias de la administración con medidas como el bono cultural, la financiación de aerolíneas en quiebra o las ayudas públicas a las grandes empresas cuyos presidentes aparecen anualmente en la lista Forbes.
