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Antonio Papell

El problema de la vivienda

El artículo 47 de la Constitución, más retórico que real hasta ahora, dice textualmente que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». En un segundo párrafo, el artículo concluye: «La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos». En definitiva, la norma obliga a los poderes públicos a promulgar leyes –una ley de la Vivienda- que garanticen a todos el derecho real a una vivienda digna, prohíbe expresamente la especulación inmobiliaria y establece que las plusvalías urbanísticas deben revertir en la comunidad que las genera.

Este precepto ha de compatibilizarse con el art. 33 C.E, que, en su apartado 1, dispone que «Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia», aunque –párrafo 2- «la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes».

Hasta ahora, las instituciones estatales no han dictado normas generales para que estos derechos teóricos adquieran entidad real. La Carta Magna ordena imperativamente intervenir para que la espontaneidad del mercado no los convierta en papel mojado. De forma que quienes tachan peyorativamente de «intervencionista» el proyecto gubernamental de regular los alquileres de las viviendas y de presionar a los propietarios para pongan en el mercado de alquiler sus viviendas vacías no cometen intromisiones infundadas sino que plasman exigencias de nuestro régimen político del 78.

Se podrá, lógicamente, poner en duda la eficacia y la pertinencia de las medidas, que en apariencia van en la buena dirección (desde el punto de vista de lo que mandata la CE), y sin duda sería bueno someterlas a un leal debate parlamentario, que no parece posible en el actual clima existente. Pero al menos cabe esperar, según sugirió la ministra Ione Belarra que ha patrocinado la nueva norma, que se terminen de explorar las distintas fórmulas que se han utilizado en la Unión Europa con el mismo objetivo, algunas con más éxito que otras.

De los distintos elementos de la propuesta –incentivos fiscales para los pequeños tenedores y límites más estrictos para los grandes, incentivos y sanciones para que los pisos vacíos salgan al mercado de alquiler, subsidio de 250 euros mensuales durante dos años para alquiler a los jóvenes, etc.-, el más polémico es la intervención de facto de las viviendas propiedad de personas jurídicas que sean titulares de más de diez inmuebles, y quizá en esta disposición fuera pertinente una negociación más intensa entre las partes interesadas, pero en lo demás, este país no hace más que cumplir las disposiciones constitucionales del estado social y seguir la pauta que ya ha emprendido Europa hacer décadas.

A medio y largo plazo, sin embargo, las medidas más eficaces serán la obligación de dedicar a vivienda social un porcentaje de pisos de todas las promociones, lo que, al margen de la puesta en el mercado de viviendas asequibles, integrará a las clases sociales entre sí.

Además, deberían incrementarse las promociones públicas de vivienda en alquiler, a cargo de las tres administraciones, que deberían permanecer siempre en el sector público precisamente para impedir que terminen siendo objeto de burdas operaciones especulativas como ha sucedido siempre hasta ahora. Si esta iniciativa prende y la vivienda en alquiler se hace asequible, se conseguirá además una gran movilidad laboral, ya que el trabajador podrá cambiar más fácilmente de lugar de residencia para atender una oferta ventajosa, algo que hoy en día es impensable, por lo que se generan innumerables desplazamientos diarios irracionales (de las personas que trabajan a gran distancia de donde viven).

En definitiva, estamos ante un campo yermo y expedito en el que no se ha trabajado prácticamente nunca y en el que hay que empezar a cultivar para que la ciudadanía –y los jóvenes en particular- sea más feliz y para que quienes salen del proceso formativo puedan arrancar su vida profesional y personal a una edad adecuada.

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