Pablo Muñoz Vázquez, juez en la provincia de Lugo, se ha despachado con auto que contiene todos los aditamentos, sin excepción, imprescindibles para pasar a los anales judiciales de la infamia. Los hechos: en una romería varias mujeres se ven impelidas, cosas de la fisiología, a evacuar lo que púdicamente se denominan aguas menores. En el recorrido de la romería hay un callejón que, ante la ausencia de urinarios públicos, es utilizado para tales menesteres, indistintamente por mujeres y hombres. Alguien conocedor del asunto instala estratégicamente varias cámaras para filmar a las que, en cuclillas, mean. Los machos no son objeto de las cámaras. Se filman sus caras y partes íntimas. Después se suben a páginas web pornográficas, incluso de pago. Alguna ha recibido 90.000 visitas. El porno vende. Ahora y siempre. Una asociación de mujeres considera que se ha vulnerado el derecho a la intimidad y presenta la correspondiente denuncia, pero, ay, se topan con el magistrado Muñoz Vázquez, que reitera que no ve delito y archiva la denuncia argumentando que no hay delito contra la intimidad o el derecho a la propia imagen porque la filmación se obtuvo en vía pública, por lo que, en todo caso, ha de ser tratada por la vía civil y no penal. También rechaza que suponga delito contra la integridad moral porque «no se aprecia el ánimo tendencial de quebrantar la resistencia física y moral». La Fiscalía sí estima que se ha perpetrado vulneración de la legalidad.
O sea, si una mujer se ve impelida durante una fiesta (las romerías lo son) a mear, entre otras poderosas razones por la de que su vejiga no da más de sí, escogiendo lugar apartado a su alcance, se las ve con que le acecha el peligro de que alguien, provisto de cámaras que ha colocado adecuadamente para no perder detalle, la graba, tanto su rostro como su sexo, para subir la filmación a webs pornográficas y cobrar por ello. Eso, para su señoría del juzgado de Lugo, no constituye agresión a su intimidad; no es, verse en filmación pornográficas, vulneración de su imagen; no es, para el juez Muñoz Vázquez, violentar a la mujer, por lo que todo lo que cabe hacer es interponer demanda por la vía civil; mientras tanto, soportar que miles de asiduos a tales páginas se solacen contemplándola.
Dado por sentado que Pablo Muñoz Vázquez cursó los preceptivos estudios en la Escuela Judicial, que obtuvo plaza ganando la correspondiente oposición, preguntarse qué diantres sucede para que determinados jueces puedan evacuar autos como el referido sin que nada suceda, sin que el caducado Consejo General del Poder Judical (CGPJ) del inefable Carlos Lesmes, político antes que juez que preside el Tribunal Supremo, no conviene olvidarlo, inicie al menos seria investigación para dilucidar si Muñoz Vázquez ha incurrido en irregularidad o dejado, cosa plausible, que su presunta ideología, que parece encaminada a soslayar la violencia que se ejerce contra las mujeres es pertinente. Las vejaciones a las mujeres no son solo físicas: van más allá, alcanzan otros ámbitos de la conducta social; ostensible para quien no lleve anteojeras ideológicas.
Estamos ante un juez que algo tendrá en común con el magistrado de la Audiencia Provincial de Pamplona que consideró que debía absolver a los tarados de la denominada La Manada, que se dedicaron a violar en grupo a una mujer. Opinaba que la desdichada chica había consentido, incluso disfrutado con la depravada abyección a la que fue sometida por aquella ristra de pervertidos, que afortunadamente tienen por delante años de cárcel.
Pablo Muñoz Vázquez no ha prestado atención al autor o autores de la filmación, a quién ha cobrado por subir las imágenes a páginas web de pago. Para el juez el derecho a la intimidad no rige cuando unas mujeres orinan en vía pública ante la manifiesta ausencia de lugar adecuado para ello. Entonces, al grabarlas, no se degrada su imagen. Esos son algunos de nuestros jueces.
