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Antonio Papell

Europa y la electricidad

La Unión no puede ser el pretexto para hacer una buena regulación del mercado energético

No es fácil para el profano —ni siquiera para quien tiene formación científica pero no es especialista en el negocio eléctrico— entender el enredo que mantiene al sector eléctrico en candelero, con argumentos que parecen tramposos a simple vista y que se endosan a la normativa comunitaria, como si esta paternidad pudiera aliviar las sinrazones y desmontar las trampas.

Jorge Fabra, economista y doctor en Derecho, actual presidente de Economistas frente a la crisis, primer presidente de Red Eléctrica (1988-1997), consejero de la desaparecida Comisión Nacional de la Energía (2005-2011), consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (2017-2020), ha concedido estos días una entrevista periodística en la que recuerda, entre otras cosas, su opinión sobre el actual mercado eléctrico, marginalista, patrocinado por la UE. Dice en concreto lo siguiente: «El diseño del mercado de la electricidad corresponde a la época más radical del neoliberalismo más sectario en la historia de la política económica europea. Y eso tendrá que cambiar. Pero hay intereses muy fuertes por mantenerlo. Los propietarios de las centrales inframarginales, nucleares e hidroeléctricas, son las empresas incumbentes, las grandísimas eléctricas europeas. Y están enormemente interesadas en que el precio del gas determine lo que cobran esas plantas. Estos lobbies actúan con una intensidad tremenda sobre la Comisión Europea. Y además, se engarzan en una corriente de pensamiento desde los años 90 que es favorable a ese tipo de planteamientos. Pero es un auténtico desastre para la competitividad europea. Un auténtico desastre».

Este sistema marginalista establece que el precio final de la electricidad es el de la última fuente de generación incluida en cada momento en el mix, y en esta etapa, en nuestro país, la fuente marginal es el ciclo combinado, es decir, las térmicas de gas. Con el gas por las nubes, los ‘beneficios caídos del cielo’ (Windfall profits) son los resultados de vender las energías hidráulica y nuclear al precio de las conseguidas mediante hidrocarburos.

Pero el hecho de que esta sea la norma europea, no debería arredrarnos. Como dice Fabra, «en la UE estaban los acuerdos de Maastricht y los pactos de estabilidad, y cuando se han manifestado ineficientes, se ha reaccionado y han cambiado las políticas». Y se lamentaba de que Madrid no fuera al fondo del asunto en Bruselas: «En mi opinión, no se quiere plantear la batalla. Se escuda uno en que esto es la Unión Europea. No: hay que ir y si es necesario dar un puñetazo en la mesa. España no es una cosa despreciable en los acuerdos europeos. Otra cosa son los muy poderosos intereses que están detrás de todo esto. La UE no puede ser el pretexto para hacer una buena regulación».

El gobierno parece que hay tomado nota de esta posición razonable, y ayer se conocía que las vicepresidentas primera y tercera y ministras de Economía y para Transición Ecológica respectivamente, Nadia Calviño y Teresa Ribera, han enviado una carta al vicepresidente europeo, Frans Timmermans, y a las comisarias de Energía, Kadri Simson, y de Competencia, Margrethe Vestager.

En ella solicitan que la Comisión actúe de forma coordinada para hacer frente al precio de la energía. «Dado que es un problema conjunto, debemos actuar de forma compartida», dice la misiva.

Es claro que la situación de los 27 es muy distinta según países, y así por ejemplo Alemania y Francia han eludido la crisis actual mediante centrales de carbón (Alemania) y su propio parque de energía nuclear (Francia). Pero en los casos español e italiano, el disparate procesal de formación de los precios ha de ser rectificado. Porque, además, al margen de que los productores de gas se aprovechen de la coyuntura, las eléctricas que lo adquieren lo hacen mediante contratos a largo plazo, y al venderlo al precio de la cotización diaria, realizan un pingüe negocio especulativo que no tiene sentido tolerar.

La propuesta de negociación y reforma ante la Comisión está lanzada. Ahora falta el esfuerzo diplomático necesario para cuajar una mayoría en favor de un cambio racional que equilibre todos los intereses en juego, también los de los consumidores.

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