Italia es de momento el único país que impone la obligatoriedad del pasaporte covid para trabajar, y por tanto tendremos ocasión de asistir a los efectos del experimento, muy polémico y no solo por razones clínicas: están en juego algunos aspectos de la libertad personal.
En España, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo autorizó este martes el pasaporte covid en Galicia tanto en la hostelería de día como en la de noche. El fallo, del que ha sido ponente la magistrada María del Pilar Teso, no aprecia que el requisito para consumir en el interior de establecimientos vulnere el derecho a la igualdad de los clientes no vacunados, porque la medida diseñada por la Xunta incluye las opciones de mostrar o bien una prueba diagnóstica con resultado negativo, o bien un certificado de haber pasado la infección. Es evidente que esta sentencia, referida a Galicia, abre paso al pasaporte covid en toda España.
Este criterio utilizado por el Supremo constituye paradójicamente un argumento decisivo contra la polémica vacunación obligatoria, que está en la frontera de la libre autodeterminación personal y cuyos efectos benéficos pueden ser sustituidos mediante la exigencia de una acreditación que garantice que el ciudadano reacio a vacunarse no es un vehículo de infección.
En este asunto, colisionan evidentemente dos intereses contrapuestos: la libertad individual de quien no desea someterse a determinado tratamiento preventivo clínico, y la salud de quienes, existiendo vacuna eficaz (que nunca lo es al ciento por ciento), podrían ser sin embargo contagiados por los objetores.
Los antivacunas forman un frente nada desdeñable, que en Alemania es del 11%. En España, un informe del panel de expertos europeos sitúa a nuestro país entre los europeos que más confían en las vacunas. No obstante, hay entre un 6 y un 8 por ciento de personas que están en sintonía con el movimiento antivacunas. En otros países europeos la desconfianza es mucho menor.
Los expertos coinciden en el efecto dudoso de la vacunación obligatoria, que, como todo mandato imperativo, generaría un rechazo sistémico, incluso en sectores que no desdeñan la vacuna ni desconfían de ella. En varios países europeos, existe una alianza más o menos explícita entre el populismo radical y el movimiento antivacunas, por lo que sería absurdo arrojar carnaza a estas corrientes, y sin la garantía de que la obligatoriedad fuese a ser eficaz.
Lo que sí es legítimo es proteger la salud de las personas. Y ello puede conseguirse exigiendo ese pasaporte covid a todo el mundo que pretenda acceder a una residencia de ancianos, a un centro sanitario, a una escuela y a un establecimiento de ocio o de cultura, desde un restaurante a un teatro. Muchos pensamos que la libertad de las personas no se coarta obligándolas a vacunarse (o poniéndose el casco cuando se conduce una motocicleta) pero casi todos estamos seguros de que es lícito exigir a quienes van a estar cerca de nosotros una garantía de que no son fuente de contagio.
Es magnífico que vivamos en un régimen garantista como el nuestro porque nuestros derechos fundamentales están asegurados. Pero deberíamos aprender a administrar este acervo con inteligencia. El uso del cinturón de seguridad o del casco de motorista son pequeños atentados contra la libertad personal que se admiten porque la relación coste/beneficio lo justifica sobradamente: ambas medidas han reducido significativamente el número de muertos en carretera. Lo que indica que los valores éticos no son casi nunca absolutos sino acomodaticios de acuerdo con el principio de racionalidad. Del mismo modo, no ofende a la inteligencia la vacunación obligatoria, aunque el razonamiento sea más complejo. Y desde luego, es desconcertante el relativismo con que gestionamos otros derechos verdaderamente importantes, como el derecho al trabajo o a una vivienda digna. Ojalá la atención a estos últimos se intensificara mientras dejamos de preocuparnos por asuntos menores, que no atentan a la dignidad de las personas.
