Desde que José María Aznar calificase a Felipe González de «pedigüeño» por reclamar y conseguir para España aquellos apetitosos fondos de cohesión y crecimiento que sirvieron a este país para dar el gran salto desarrollista hasta el futuro, el PP había ido con cuidado a la hora de poner límites a la tarea de oposición. Ser oposición incluye un quehacer simétrico del ser poder, y se basa —según la politología clásica— en dos funciones políticas esenciales: la contradicción y el control. En democracia, los problemas tienen siempre muchas soluciones, tantas como opciones ideológicas compitan en el tablero político, y a la oposición le corresponde mostrar a los ciudadanos que, además de la fórmula adoptada por la mayoría, hay otras que las minorías intentarían implementar si consiguiesen la confianza suficiente del electorado.
En otras palabras, en democracia la oposición no es el enemigo, no es el lobby que ha de desempeñar el encargo de destrozar al adversario, no es portavoz de un discurso mesiánico que compendie siempre algo así como la verdad revelada. Entre otras razones, porque si las ideologías adquieren una densidad religiosa, será imposible la democracia plena: si alguien está tan convencido de sus ideas que no es capaz de ponerlas en la balanza frente a un antagonista que se las discuta, es que no es un demócrata.
Casado no parece haber interiorizado estos criterios, que hasta el radical Aznar terminó entendiendo y que por supuesto Rajoy practicó con elegancia todo el tiempo que permaneció al frente del gobierno. Porque si el actual presidente del PP estuviera a la altura, no habría prestado oídos a los consejeros que le mal aconsejan y que le hacen dudar en público de la legitimidad del gobierno. Una duda muy grave que desacredita a quien la exhibe.
En su viaje a Europa para despedir junto a sus correligionarios a la canciller Merkel —un magnífico espejo en el que el líder español debería mirarse más a menudo—, Casado ha mantenido un discurso indecente que no tiene justificación. En el disenso judicial que estamos padeciendo, muchos pensamos que a causa precisamente de la actitud del Partido Popular, Casado ha comparado la situación de la Justicia en España con la de Hungría o Polonia, países cuyos poderes ejecutivos han interferido de tal modo en la independencia judicial que han sido ya privados de beneficiarse de importantes fondos comunitarios en tanto no corrijan sus crasas desviaciones. En esta especial coyuntura, las palabras de Casado sugerían a las autoridades comunitarias que han olvidado incluir a España en el paquete de democracias imperfectas que no guardan el criterio de la división de poderes. Y ello, además de ser falso de toda falsedad, nos desacredita. A él y a todos sus compatriotas, que estamos orgulloso de haber construido una democracia de calidad. Se da, además, la paradoja de que quienes con más énfasis critican a la justicia española y le atribuyen supeditación al poder político son los soberanistas catalanes. Curiosa confraternidad intelectual.
Casado ha culpado también al gobierno de falta de voluntad a la hora de negociar la renovación de los cargos institucionales, cuando es patente que es él quien supedita el cumplimiento de las leyes —de una ley de 2015 aprobada por el propio PP— a una reforma del sistema de elección de dichos cargos que implante un método que no es ni mucho menos el más utilizado en Europa: tan solo en Italia una mayoría de jueces elige a sus cargos de gestión y representativos. Finalmente, Casado ha lanzado sobre sus congéneres europeos la duda sobre la habilidad del gobierno español para gestionar los fondos de Recuperación. De ahí a reprochar a Sánchez su condición de pedigüeño no ha habido más que un paso.
Pues bien: si Casado tuviera dos dedos de frente, se abstendría de sacar a colación este argumento sabiendo como sabe que la vicepresidenta económica del Gobierno español es Nadia Calviño, exdirectora general de Presupuestos de la Comisión, sin duda una de las mejores expertas económicas de la UE, quien ha contribuido personalmente con sus ideas a edificar el sistema europeo de salida de la crisis sanitaria. Dudar de España en este sentido es, pues, ponerse simplemente en ridículo.
