La hipocresía puritana con que se intenta justificar a estas alturas el bloqueo que el Partido Popular mantiene con relación a las obligadas negociaciones para renovar las instituciones constitucionales y en especial el Consejo General del Poder Judicial, remite al olvido el arranque de esta insólita e insostenible situación.
En noviembre de 2018, menos de medio año después de la moción de censura que derribó a Rajoy y que ganó Pedro Sánchez, hubo negociaciones entre los dos grandes partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. No era fácil la empresa porque aún sangraba la carnazón de la moción de censura, pero la figura de consenso que parecía ser capaz de obrar el milagro era Manuel Marchena, un magistrado que ya presidía la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que se había ganado el respeto intelectual y político de las derechas y de las izquierdas, que había manejado con discreción y solvencia asuntos embarazosos, y que, en principio, si no culminaba aquella operación, acabaría presidiendo el tribunal del procés, como finalmente ocurrió.
Pues bien: uno de los linces políticos del equipo que había gobernado con Rajoy, Ignacio Cosidó, antiguo director del Cuerpo Nacional de Policía con Fernández Díaz de ministro y a la sazón portavoz del PP en el Senado, donde el PP seguía siendo claramente mayoritario con 146 escaños, se ocupó de explicar por Whatsapp a sus parlamentarios y a otras personas afines las ventajas del pacto conseguido, que no había sido muy bien encajado por el PP, que ya veía entonces que al elegir el CGPJ tras cambiar la mayoría política, experimentaría una pérdida de influencia en el mundo judicial.
Cosidó, muy expresivo, relató con todo detalle el «pacto previo» al que habían llegado PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial: 11 para los socialistas y 10 para el PP, que se llevaba además la presidencia. «Con otras palabras —seguía diciendo el senador—, obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional», escribía Cosidó, en referencia a Marchena, al que calificaba de «un gran jurista», con «capacidad de liderazgo» y autoridad para que «las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0». Y añadió un corolario demoledor: con estos números, el PP controlará «la sala segunda por detrás y presidiendo la sala 61». Como se sabe, la sala segunda, de lo Penal es la única competente para jugar a los más altos aforados, y la sala 61 es la especializada en legalizar partidos políticos.
En otras palabras, Cosidó aseguraba muy imprudentemente que un sector del Supremo sería parcial en sus resoluciones, en beneficio del PP. Lógicamente, en un grupo tan amplio de personas, el wasap de Cosidó estuvo en boca de todos en cuestión de horas, con el consiguiente revuelo. Pero aquella mención irrespetuosa, propia de quien no cree en absoluto en la virtualidad de la democracia y piensa que todo es cuestión de gestionar el tráfico de influencias, quien además se negó a dimitir de su cargo parlamentario (tampoco le obligó a ello su jefe de filas, Casado) frustró por completo el pacto y obligó a Manuel Marchena a renunciar seca y definitivamente a cualquier posibilidad de encabezar en aquellas condiciones el CGPJ.
Marchena, fiscal de carera, prestigioso jurista, ha dado siempre una batalla explícita por la independencia judicial, hasta el extremo de que no pertenece a asociación judicial alguna porque teme que cualquier adscripción la ponga en cuestión. En unas condiciones tan confusas, de manifiesto trapicheo, Marchena tenía forzosamente que quedarse al margen.
Curiosamente, Cosidó justificó ante los suyos la inclusión en el Consejo de José Ricardo de Prada (vetado ahora por Casado) —uno de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que dictó la sentencia del caso Gürtel que condenó al PP como partícipe a título lucrativo de la trama de corrupción y que desembocó en la moción de censura que acabó con la presidencia de Mariano Rajoy—: «Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP», dijo.
El recordatorio de esta ya vieja historia perfila mejor los contornos del sectarismo que actualmente causa el bloqueo de Consejo General del Poder Judicial. Involucrar a Sánchez en este turbio episodio de influencias judiciales es evidentemente un disparate.
