Empecemos por lo más reciente: el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) ha puesto en evidencia al Tribunal Supremo (TS) al establecer que la condena de inhabilitación impuesta al juez Baltasar Garzón, por haber pinchado los teléfonos de los abogados de los implicados en la trama Gürtel (abreviando: corrupción del PP), se basó en proceso arbitrario carente de la imparcialidad e independencia requeridas. La decisión del Comité es un descalabro mayúsculo para el prestigio del TS, lo abochorna, avergüenza internacionalmente a España. Con el orgullo herido, el TS manifiesta que no se siente obligado a revisar la sentencia, que lo decidido por el Comité no es vinculante; opinión que no comparten distintos especialistas en Derecho Constitucional. Lo que asoma con nitidez es que el TS, con el impulso del PP, en el Gobierno al dictarse sentencia, y el desistimiento negligente del PSOE, apartó de la carrera judicial a un juez que tuvo la desfachatez de iniciar una seria investigación sobre los crímenes del franquismo. No se le condenó por ello, aunque sí se le juzgó. Demasiado estridente; sí por la Güertel. Para momentáneo alivio del PP. A Garzón, con indudables aristas en su biografía, hay que encomiarle la ofensiva legal que desató contra ETA. La avalancha de noticias que agosto ha propiciado ha hecho que la decisión del Comité de Derechos Humanos no haya sido noticia de primer orden (algunos medios afectos al PP ni tan siquiera la recogieron), pero en plazo tasado de seis meses el Gobierno de España está obligado a implementar lo acordado por el Comité. Aguardemos el desenlace, que, sin duda, será polémico. Dato no marginal: quien hoy es presidente de la Sala de lo Penal del TS, el magistrado Manuel Marchena, estaba en la Sala que juzgó y condenó a Garzón. Son cosas que en ocasiones suceden.
La desautorización del TS ha llegado al tiempo que se cumplen mil días de interinidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presidido, al igual que el TS, por Carlos Lesmes, siempre a la vera del PP, a cuyo amparo ha transcurrido su carrera. No hay forma de que la derecha acceda a renovar lo que es imperativo constitucional. Pablo Casado se niega a que las Cortes, Congreso y Senado, procedan a elegir al nuevo CGPJ. Argumenta que quiere que sean los propios jueces quienes voten a los vocales, concretamente las asociaciones judiciales, copadas mayoritariamente por magistrados conservadores o muy conservadores. Es una endogamia que ha caracterizado a la Judicatura española desde los tiempos del franquismo. Se ha dado por sentado que eran las Fuerzas Armadas las que debían despojarse de querencias franquistas. Se dejó de lado la endogamia judicial, profundamente imbricada en los modos y maneras de la dictadura. La Judicatura no fue ya depurada, concepto desagradable por las negativas connotaciones que encierra, sino simplemente adaptada de buen grado a la normalidad democrática. Hay sentencias que recuerdan, casi medio siglo después, de dónde venimos.
Transcurridos tres años desde que entró en funciones el CGPJ no se atisba la renovación. El PP aguarda a las elecciones de 2023 seguro de ganarlas (?) para entonces hacer una reforma que garantice la eterna primacía de la derecha en la Judicatura. Constituye una apuesta muy arriesgada por dos razones: la primera, se incumple el mandato constitucional. El PP se sitúa de hecho fuera del marco que establece la Constitución. Asunto grave. La segunda es susceptible de acarrear nefastas consecuencias: si se llega a 2023 y el PP se instala en el Gobierno, el PSOE, la izquierda en general, tendrá argumentos para dar por caducado el pacto constitucional con lo que entrar en crisis sistémica es plausible. Entonces, los demonios familiares que secularmente han atormentado a las Españas, que los sigue habiendo en abundancia, tendrán poco menos que barra libre para acometer dislates varios. Cataluña siempre está a la espera.
