El dilema es una característica misma de la vida, la incertidumbre del futuro. No hay más alternativa que tomar una decisión, aunque no se disponga de la garantía del acierto; tenerla, elimina el dilema. Los dilemas en el caso de la pandemia se han vivido de una manera especial, pues del acierto o el error se han derivado consecuencias dramáticas para la vida de los ciudadanos; es el espacio de la política. Uno de los primeros fue tomar o no medidas de manera inmediata tras el primer foco en Wuhan e, inmediatamente después, en Italia en febrero de 2020. No se tomaron. En las primeras semanas después de la proclamación de la pandemia se le presentó al gobierno el dilema de las mascarillas. No las había ni para los sanitarios. El gobierno debía decidir si recomendaba u obligaba a usarlas como en China o no. En vez de decir la verdad y arriesgarse a que fueran acopiadas por los particulares en perjuicio de los sanitarios, el gobierno mintió desaconsejando su uso.
El segundo dilema afrontado fue la elección de las medidas administrativas para combatir la pandemia. Los especialistas abogaron por el confinamiento puro y duro. Según la ley de alarma, excepción y sitio, sólo podía contemplarse la medida apelando al estado de excepción. Ese estado suponía el acuerdo del Congreso y una duración de 30 días con la posibilidad de prórroga por otros 30 días también aprobada por el Congreso; también la oposición del nacionalismo, por la posibilidad de limitar otros muchos derechos fundamentales. La alternativa del estado de alarma era dudosa, pero era inmediata tras decreto del gobierno y una prórroga que no figuraba literalmente limitada en el tiempo; además su inconstitucionalidad sólo podía probarse tras un improbable recurso del Defensor del Pueblo, un gobierno o parlamento autónomo o de una fuerza política con al menos 50 diputados o 50 senadores, según el artículo 162 de la Constitución. Estas condiciones y la incógnita de la duración de la pandemia hacían que el estado de excepción se presentara como un potro de tortura para el gobierno. Lo no previsto fue el recurso presentado por Vox tras haber votado favorablemente el estado de alarma. El resultado ha sido la declaración de su inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional. El gobierno puede disentir de una sentencia del TC, pero lo que es del todo inadmisible es que se dedique a denostarla como ha hecho, en insólito y gravísimo ataque a la división de poderes y a la misma democracia, cuestionando la sentencia con el argumento de la división en el voto del TC, una característica propia de la democracia, por parte de la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Otro dilema para el gobierno, tras la primera ola, fue proceder a legislar en el Congreso una norma específica para la pandemia que permitiera una acción coordinada por todas las administraciones, según la propia promesa del gobierno, o repetir el estado de alarma y proceder a una dudosa prórroga de seis meses delegando en las autonomías su gestión. El presidente del gobierno optó por desentenderse de la dirección de lucha contra la pandemia y dejarlo todo en manos de las comunidades con el argumento de que tenían medios suficientes para afrontar la pandemia. El resultado ya lo sabemos: segunda, tercera y cuarta ola y caos normativo; tras el fin de la alarma, más caos normativo en toda España y la llegada de la quinta ola. La falta de legislación por motivos políticos provoca politización y caos en la justicia.
Un nuevo dilema se ha presentado cuando en Francia y Alemania se exige certificado de vacunación para entrar en restaurantes, museos etc., y se plantea la vacunación obligatoria, como Joe Biden, que obligará a vacunarse a todos los empleados del gobierno de EE.UU. En España sólo se exige el certificado en Galicia. El nuevo incremento de contagiados y muertos en residencias, aunque inferiores a los de la primera ola, y la constatación de la necesidad de una tercera dosis de la vacuna entre los mayores de 65 años por falta de anticuerpos tres meses después de la segunda dosis, plantea de nuevo la vacunación obligatoria de sanitarios y la aplicación de tercera dosis a residentes y cuidadores ya vacunados. La letalidad en residencias hace un año era del 20%, ahora del 6,37%. En España el gobierno no se plantea la obligatoriedad del certificado hasta que no se haya vacunado la gran mayoría de la población, digamos que un 90%, y conseguido la inmunidad de grupo. Se acude al argumento de la vulneración del derecho a la intimidad. Pero los derechos individuales no son absolutos. Los derechos individuales no han nacido con el individuo. Es la sociedad la que establece derechos y deberes de sus miembros. Y es la sociedad que surge de la Ilustración y la Revolución francesa la que consagra los derechos del hombre. Por tanto, es razonable pensar que cuando la sociedad vislumbra un peligro letal para sí misma por la probable infección de un número reducido de sus miembros, obligue a la vacunación o impida el acceso de no vacunados a espacios de uso común.
La necesidad de una tercera dosis introduce un nuevo dilema. Cuando se pensaba que con las dos dosis de Pfeizer, Moderna y AstraZeneca y la única de Janssen se disponía de inmunidad por tiempo suficiente, en Europa y EE.UU. se disponían a transferir el sobrante existente de vacunas hacia países con problemas de abastecimiento, especialmente de África y Latinoamérica. El argumento era simple: nadie, ni siquiera EE.UU. y Europa estarían seguros hasta que todo el mundo estuviera vacunado. Es algo inevitable en un mundo globalizado. Así, la OMS ha pedido que antes de inocular la tercera dosis se distribuyan los sobrantes actuales de vacunas a los países que no han podido acceder a las mismas. Pero a los gobiernos del primer mundo se les plantea el dilema de enviar las dosis a esos países o reservarlas para sus ciudadanos que progresivamente van perdiendo la inmunidad. Se trata de contrabalancear el avance de la pandemia en el tercer mundo y sus consecuencias en el primero: fallecimientos a medio plazo con los fallecimientos a corto plazo por falta de la tercera dosis. Alemania y Francia lo han dejado claro: lo primero, la tercera dosis a sus ciudadanos. En España aún no se sabe qué va acordar el gobierno. Desde Oxford avisan: la inmunidad de grupo es un mito, no queda sino convivir con el coronavirus.
