Es muy necesario actualizar las plantillas de servidores públicos que habían menguado muy considerablemente al no haberse siquiera cubierto la mayoría de las vacantes producidas desde que en 2008 estalló la primera crisis económica global. Y el Gobierno aprobó este lunes la convocatoria de más de 30.000 plazas, la mayor de toda la historia de las administraciones españolas. El momento es propicio porque todos hemos tenido ocasión de ver para qué sirve el Estado, además de para prestarnos los servicios habituales: gracias a disponer de una sanidad considerablemente sólida (aunque no tanto como se decía antes de la pandemia) hemos podido afrontar la gran crisis sanitaria y salir de ella al paso occidental.
Pero no basta con incrementar plantillas, hoy muy envejecidas y desfasadas. Hay que reflexionar sobre el carácter vitalicio de la función pública —para justificarla, el sistema debería contar con una actualización formativa permanente—, sobre la dotación de tecnología adecuada, sobre la digitalización integral del modelo, sobre los salarios públicos, que en estos momentos son francamente inferiores a los privados, lo que genera una deslocalización permanente sobre todo de los niveles altos, que no pueden resistir la tentación de las ofertas que reciben. En definitiva, la ampliación de plantillas no debería hacer olvidar que está pendiente una reforma integral de la administración, y que los parcheos ocasionales, aunque útiles relativamente, no resolverán el problema.
