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Antonio Papell

El bloqueo del poder judicial

La sistemática negativa del PP a negociar con el Gobierno, que en este caso es de coalición, los órganos constitucionales que requieren mayorías cualificadas, está cargando de razón a quienes proponen, con franca preocupación por la preservación de los consensos constitucionales, hallar una fórmula que evite el bloqueo sistémico, injustificable políticamente en el actual marco jurídico, y faciliten la renovación a tiempo de unas instancias que emanan del Poder Legislativo, de la soberanía popular. La posición del PP es insostenible: se brinda a sentarse inmediatamente a negociar si el PSOE se presta a conceder más poder a los jueces y permitir que la elección de la parte judicial del CGPJ sea realizada por los propios jueces y no por las Cámaras como hoy dispone la LOPJ. Supeditar la celebración de un partido a que se cambien las reglas de juego no parece muy deportivo. Y es difícilmente admisible que el PP pretenda mantener sine die la composición actual de unos órganos elegidos cuando el partido conservador gobernaba con mayoría absoluta. La desfachatez en este asunto ha superado cotas inefables; así, Isabel Díaz Ayuso declaraba recientemente que «la oposición a este Gobierno» eran «el Rey, el Poder Judicial y ella misma» (lo ha recordado Irene Montero).

Como es conocido, el PSOE y UP, con el fin de ejercer presión sobre el PP, prepararon un proyecto de ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial que mantenía en primera votación la necesidad de mayoría de tres quintos para elegir a todos los miembros del CGPJ y del TC –también los doce de procedencia judicial-, pero era suficiente la mayoría absoluta en segunda votación. La fórmula, aunque constitucional, constituía objetivamente una regresión democrática porque rebajaba la exigencia de la independencia judicial y reducía el margen de autonomía de la justicia. Por ello, fue muy criticada por la opinión jurídica e incluso por foros judiciales y políticos europeos, por lo que el PSOE decidió acertadamente desistir de ella.

Ahora, Pablo Echenique, portavoz de UP en el Congreso, ha vuelto sobre el asunto, y lo ha hecho con una propuesta nueva: tras recordar que los tres quintos de la Cámara previstos en la ley para cambiar a los consejeros del Poder Judicial «estaban pensados para un mundo que ya no existe, en el que había un bipartidismo casi perfecto y como una garantía de que un único partido no pudiera elegir a todos los vocales», el político afirma que la simple mayoría absoluta estaría legitimada porque «representa exactamente la misma garantía que entonces representaban los tres quintos». Pero ofrece la posibilidad, además, de añadir otro requisito para equilibrar más ese reparto: «podría sumarse como condición a la elección el obligatorio respaldo a cada uno de los candidatos de al menos la mitad de los grupos parlamentarios de ambas cámaras, como ocurre en la elección del consejo de Radiotelevisión Española, de forma que sea imposible que un único partido, aunque tenga mayoría absoluta, pueda elegir a todos los vocales, y así la pluralidad política del órgano esté completamente garantizada».

Esta doble mayoría absoluta, de miembros del Congreso y de grupos parlamentarios, ofrecería un alto grado de cualificación, aunque a la larga podría prestarse a marrullerías (recuérdese que el PSOE tuvo que acabar unificándose tras una etapa en que el PSC disfrutaba de grupo parlamentario propio). Y podría servir para resolver el bloqueo actual. Para mayor certeza, cabría una consulta informativa previa al Tribunal Constitucional y otra al Tribunal de Estrasburgo para que convaliden una fórmula que parece inobjetable. Tanto que las presiones del PP sobre la judicatura podrían resultar esta vez inútiles.

En cualquier caso, la solución realmente oportuna y objetivamente más constitucional y democrática sería que Casado y Sánchez consiguieran un pacto de Estado, negociado discretamente y cara a cara, para salvar este problema que hoy parece insalvable. Como hicieron Zapatero y Rajoy para aprobar la reforma del artículo 135 CE en los peores momentos de la crisis de 2008-2014. ¿Será imposible que estos patriotas no consigan ponerse de acuerdo en el cierre de una grieta que hace peligrar la integridad del sistema constitucional?

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