Es lógico que en estos prolegómenos de la negociación entre los Gobiernos español y catalán surja de nuevo el debate sobre un hipotético referéndum con el que los ciudadanos de Cataluña puedan decidir su futuro.
Ya se les ha dicho que, con la Constitución en la mano, no es posible un referéndum de autodeterminación porque no está en cuestión la unidad de España, pero sí sería posible una consulta pactada entre la comunidad autónoma y el Estado para que la ciudadanía opte por uno entre varios caminos de progreso o ratifique una nueva reforma de su marco jurídico, el Estatuto de Autonomía.
Conviene recordar sin embargo que todo este colosal embrollo que estamos viviendo proviene de un déficit de nuestra carta Magna, que posibilitó absurdamente que un nuevo Estatuto de Autonomía avalado por los parlamentos catalán y español y ratificado en referéndum por la sociedad catalana fuera posteriormente modificado en varios aspectos esenciales por el Tribunal Constitucional. Es obvio que existió una disfunción puesto que si el texto era inconstitucional, debió detectarse tal circunstancia antes de ser sometido a la opinión de los electores. Y a la vista de esta experiencia, habrá que cuidar que cualquier futuro referéndum que pueda plantearse, y que probablemente sea inevitable, cuente con el previo aval del TC. Sería el colmo que tropezáramos dos veces en la misma piedra.
