La imputación por la Audiencia Nacional de Dolores de Cospedal y de su esposo, Ignacio López del Hierro, en el caso Kitchen, la operación urdida con tramas policiales corruptas para arrebatar a Bárcenas las pruebas de la financiación ilegal del PP, representa un duro golpe para el Partido Popular de Casado, que había conseguido gracias a Ayuso un importante respiro en el arduo camino de su reconstrucción. Las vigilancias a Bárcenas comenzaron en 2013, cuando Rajoy gobernaba, María Dolores de Cospedal era la secretaria general del partido (y presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015) y Fernández Díaz –también imputado en el caso Kitchen- ocupaba la cartera de Interior y mantenía a Villarejo en activo.
Pablo Casado fue vicesecretario de Comunicación de la secretaria general Cospedal entre 2015 y 2018, por lo que, aunque obviamente el actual presidente del PP no sale contaminado por las actuaciones de la entonces número dos del partido, sí resulta salpicado por unos presuntos hechos en que se entremezclan diversas modalidades escatológicas de corrupción, que han salido a la luz por las pruebas aportadas por el policía corrupto Villarejo. Asimismo, si Cospedal fuera encontrada responsable de aquellos turbios manejos, sería muy difícil que Rajoy resultara indemne. Es muy difícil aceptar que durante años hemos vivido en una democracia cuya policía tenía una sección de actuaciones extrajudiciales que impedía el imperio de la ley y realizaba actuaciones ilegales y mafiosas por encargo.
La imputación de Cospedal ha llegado un mes después de la brillante victoria de Ayuso y al mismo tiempo que el PP ponía en marcha una campaña a través de change.org de recogida de firmas contra los indultos que Sánchez planea aplicar a los condenados por el 1-O. Al margen de la dudosa ética que rezuma de una maniobra que busca el enfrentamiento civil, incruento por supuesto, de unos ciudadanos no catalanes con otros catalanes (ya se hizo otra campaña similar cuando el Estatut, de la que el PP no salió muy beneficiado), es claro que el PP debería ser más prudente en las actuales circunstancias, ya que a lo mejor algún futuro presidente del gobierno tiene que indultar a altos cargos populares condenados por corrupción.
El infortunio súbito del PP no acaba en este asunto: la inculpación de Cospedal llega cuando el comité de expertos previsto en el pacto antitransfuguismo ha dictaminado que lo sucedido en Murcia, y que afecta al presidente de la comunidad y a varios consejeros, es un caso típico de trasfuguismo, con el agravante de que el cambio de camisa de algunos inculpados se correspondió con el logro fraudulento de cargos públicos. Un espectáculo denigrante y perverso que se ha ejecutado con todo desparpajo a la vista de la ciudadanía atónita, que ve como se han pisoteado todos los principios.
Por último, y aunque la noticia no es más que otro escalón en la carrera delictiva de Rodrigo Rato, el exvicepresidente económico del Gobierno, excandidato a la sucesión de Aznar al frente del PP, ex director gerente del FMI, ha sido procesado de nuevo por delitos fiscales, blanqueo y corrupción en la causa de su propia fortuna personal, en la que aparecen abultados activos inexplicables. La fianza impuesta para garantizar que responderá si es condenado es de 65 millones de euros.
Casado, en fin, ha visto cómo en unas horas se derrumbaban unas perspectivas que parecieron favorecerle tras la victoria de Ayuso que se trasladó a las encuestas, el desmoronamiento próximo a la extinción de Ciudadanos y el movimiento a la baja de Vox. Quizá la lección consista en asimilar la necesidad de construir un nuevo partido explícitamente desvinculado de todas las adherencias con el pasado y dispuesto a cooperar con la gran formación simétrica en una revisión institucional del modelo con garantías, que incluya la pacificación de Cataluña y la federalización del Estado de las Autonomías hasta conseguir un sistema prfeccionado a la alemana. Quizá elevando el punto de mira, el PP pueda limpiar su sordidez pasada y recuperar un protagonismo creativo y moderno que, en forma de un bipartidismo imperfecto, nos lleve a nuevas formas de gobernabilidad de este país.
