Una bandera itinerante, con bandas de color celeste, rosa y blanca, de enormes dimensiones ha visitado Palma estos últimos días. Para quien no la reconozca, se trata de la bandera que representa al colectivo trans*. Y esta visita a nuestras islas es una parada más en una gira por todo el país con la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans* y Bisexuales, la Fundación Triángulo y la Asociación de Familias de Menores Trans* Chrysallis están reivindicando los derechos de las personas trans, especialmente el derecho a la autodeterminación de género. Precisamente con esta gira lo que pretenden es sumar a su reivindicación a la ciudadanía y a las autoridades e instituciones autonómicas y municipales, a cuyos representantes se invita a firmar en la bandera en señal de su apoyo.
La autodeterminación de género es el derecho a vivir y expresar tu identidad de género sin la intervención de un profesional de la medicina o de la psicología, o, como recientemente planteó la vicepresidenta Carmen Calvo, de una tercera persona que la acredite con su testimonio para que ello tenga efectos jurídicos y administrativos. Para simplificar, es la positivización del derecho a ser. Como es deducible no es una cuestión libre de controversias. Y esto se deduce de que a pesar de que la autodeterminación de género se ha puesto encima de la mesa del legislativo estatal en reiteradas ocasiones, sigue sin ser una realidad plena.
Digo que sigue sin ser una realidad plena porque, aunque hay quien pretende obviarlo, la autodeterminación de género es una realidad en el ordenamiento jurídico de algunas comunidades autónomas, entre ellas la nuestra. La ley LGTBI balear ya introduce este concepto como marco incuestionable del desarrollo de los derechos de las personas trans, garantizando que ninguna persona podrá ser obligada a someterse a ningún tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género (artículo 6.g de la ley 8/2016).
El problema surge en las limitaciones competenciales de nuestra autonomía, y el hecho de que no todas las comunidades cuenten con una norma igual. El ejemplo más sencillo es algo tan básico como la modificación registral de la mención al sexo de la persona y su nombre, algo que requiere de una ley de ámbito estatal que elimine los requisitos existentes desde 2007: la acreditación de un diagnóstico de disforia de género y el sometimiento a un tratamiento hormonal durante dos años.
Es notorio que uno de los principales obstáculos, si no el único obstáculo, para que esta ley sea una realidad es la oposición frontal del PSOE. Así lo acreditan documentos de la dirección federal del partido que han sido rebatidos internamente, pero no retirados. Y aunque la presidenta Francina Armengol no estuvo presente en el acto de bienvenida y firma sobre la bandera, sí lo estuvieron otras personas en representación del Govern y de otras instituciones baleares, algunas de ellas socialistas.
Es importante esta muestra de compromiso institucional con el derecho a la autodeterminación de género que los propios socialistas impulsaron en Baleares. Es importante y es necesaria porque de no ser así se estaría asumiendo una enmienda a la ley LGTBI balear que la haría peligrar. Pero ¿es suficiente en tanto que ese compromiso está en cuestión a diario por el pontificado de algunas personas con predicamento dentro del PSOE, que escudadas en el feminismo pelean beligerantemente contra los derechos de las personas trans? Cabe reivindicar el posicionamiento político de forma pública y decidida de referentes socialistas a favor de la autodeterminación de género, sin miedo a una purga de la que ya ha sido víctima Carla Antonelli.
