Otro golpe del Gobierno de Sánchez a la iniciativa política y a la realidad insular y territorial de Balears. En este caso concreto supone un jarro de agua fría sobre los avances medioambientales y más en particular en el uso de energías limpias ligadas a la movilidad. El Govern queda atado ahora de pies y manos para desplegar sus planes de vetar el diésel en 2025, tal como tenía previsto en su pionera norma autonómica.

La ley estatal de Cambio Climático aprobada el jueves pospone esa medida a 2040 y no contempla el avance del calendario balear. Se limita a dejar un resquicio efectivo para poder introducirlo, que no compromete a nada. El texto fija una especificidad para los territorios insulares por su vulnerabilidad ante el cambio climático. Dice en concreto que «podrán instar al Estado» a que tome medidas específicas «de promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones en su ámbito territorial de la circulación de turismos y furgonetas».

En estas condiciones, el veto al diésel queda pospuesto para 2040 en toda España, un retraso que, en caso de Balears, puede tener efectos nefastos porque se trata de un territorio insular limitado, con un elevado parque automovilístico estable al que hay que añadir todavía la gran flota de coches de alquiler que circulan en temporada turística. Los 15 años de nuevo retraso incrementarán los elementos contraproducentes y en algunos aspectos irreversibles, como han indicado los expertos en cambio climático.

Con las nuevas largas de Madrid queda sin sentido la suspensión en 2019 que hizo el Govern de la prohibición del diésel en 2025, para no entrar en un conflicto de competencias con el Estado. Fue una buena intención que ahora se ve defraudada. También queda claro que estamos ante el incumplimiento del acuerdo alcanzado entre la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera y el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, en el sentido de incorporar a la ley estatal el avance balear.

En este aspecto, llama la atención ahora la complacencia o los intentos de justificación del mismo Yllanes, o la presidenta Armengol. Resaltan que se ha aprobado una ley estatal de Cambio Climático, pero obvian, por lo menos de cara a la opinión, que sus propios postulados se han transformado en papel mojado y que quedan en manos de la voluntad del Gobierno central. Y no solo eso, lo ha hecho un Gobierno de signo progresista, formado por PSOE y Podemos, que tiene correlación política con el Consolat de Mar. Pero solo eso, no afinidad traducible en gestión práctica y respeto a la iniciativa insular.

El director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava, sigue sosteniendo que todo está a punto para el veto al diésel cuando la ley estatal se publique en el BOE. Insisten desde su departamento que «será un trámite». Pronto sabremos si es cierto o si asistimos a otra tomadura de pelo, como la del REB. De momento, parece claro que han pesado en exceso las presiones de los lobbys petrolíferos y de la industria automovilística.

Con ello también se envía un mensaje contradictorio a la ciudadanía. De una parte se le insiste sobre la necesidad de avanzar en la protección medioambiental y la descarbonización mientras que de otra se le apartan elementos esenciales para poder hacerlo. Son actitudes contraproducentes y desmoralizadoras.