El juicio que tiene lugar en la Audiencia Nacional sobre la ‘caja b’ del PP ha registrado un episodio curioso: el gran desfile de altos cargos que han prestado testimonio —entre ellos, los dos presidentes de gobierno populares y todos los secretarios generales sucesivos de la formación desde los noventa del pasado siglo— ha sido la escenificación de una sólida unanimidad: bajo juramento, todos los encumbrados líderes han declarado que no existió jamás una ‘caja b’, que nunca cobraron cantidad alguna en dinero negro, que todo es una invención del desalmado Bárcenas.
Curiosa posición cuando la existencia de la ‘caja b’ ya ha sido reconocida por los tribunales en sentencia firme, la gran fortuna de Bárcenas proviene del saqueo de una parte de estos fondos, y en el juicio que tiene lugar están también encausados los responsables de unas obras en la sede del PP por haber cobrado parte de las mismas en ‘b’, es decir, en ese dinero inexistente según Aznar, Rajoy, Álvarez Cascos, Rato, Cospedal…
El acusado puede mentir impunemente en un juicio porque, según la Constitución, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Pero el testigo ha de ser veraz, so pena de cometer un delito de falso testimonio (art 468 a 462 del Código Penal), castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses. ¿Se aplicarán estas sanciones si el proceso en marcha termina con la condena de Bárcenas y la ratificación de la existencia de una ‘caja b’?
