El anuncio realizado por el conseller de Movilidad, Marc Pons, en el sentido de que, a partir del 1 de marzo, al comprar un billete de avión la casilla de residente se marcará al final del trámite para así acabar con las abusivas tarifas, se anuncia como una medida capaz de anular la picaresca de incrementar el precio antes de aplicar el descuento de residente. Sin embargo, contemplando todos los elementos que afectan a este asunto vital para la movilidad de los isleños y la economía de Balears, cabe albergar serias dudas de que así sea. Más bien se puede sostener todo lo contrario.

Hoy en día las compañías aéreas, al comercializar sus productos, cuentan con sobrados medios informáticos y técnicos para saber desde dónde y cómo se realiza la compra, por tanto todo siguen dependiendo de su lealtad y de una buena disposición que no se observa. Basta mirar la reacción de sus representantes. La patronal del sector se ha quejado de que se adopten medidas sin su participación y la portavoz de las líneas aéreas, Carolina Herrero, aparte de negar unos incrementos que el pasajero constata a diario, se ha conformado en despachar el asunto con la lacónica afirmación de que «se limitarán a cumplir la normativa».

La sucesión de fracasos y falsas expectativas sobre la efectividad del descuento aéreo refuerza la tesis de que la mejor solución pasa por el establecimiento de una tarifa fija para los vuelos regulares de las islas con la península. Así lo aconsejan análisis como los del profesor Aleix Calveras y un estudio de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Este mismo organismo ha confirmado que los billetes con salida o destino a Balears han sufrido un incremento del 22%.

El entonces ministerio de Fomento encargó en su día un informe sobre la efectividad y coste del descuento aéreo del 75% para los habitantes de Balears y Canarias. Sus conclusiones se desconocen. A preguntas del senador canario Fernando Clavijo, el hoy ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se ha negado a desvelarlas bajo el pretexto de que su «carácter restringido» es un impedimento para que esta información «sea cedida a terceros». Resulta inadmisible que desde el mismo Gobierno se prive a la opinión pública de unas conclusiones de notable interés. No es un buen augurio para el contribuyente, Ábalos no puede tratar estos datos igual de que si se tratara de una materia reservada que afecta a la seguridad nacional.

Por otro lado, es necesario resaltar que el descuento, en sus condiciones actuales, tiene bastante de agravio comparativo porque acaba comportando un mayor beneficio para el sector de la población con mayor poder adquisitivo.

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ya dejaba claro en julio pasado que la bonificación, en los términos en que se aplica, resulta socialmente desigual porque ha conducido a una subida de tarifas y ponía en evidencia que en Balears el 40% de la población con menor renta recibe únicamente el 21% del total de la subvención aplicada en conjunto. Queda claro, por tanto, que el problema de costes acordes con la insularidad en el transporte aéreo no radica solo en la colocación de una determinada casilla, sino en unas tarifas entregadas por completo a los intereses comerciales y que deberían ser fijas.