Los correligionarios de quienes van a ser juzgados en la vista oral del Supremo contra los promotores del Procés están llevando a cabo una campaña nacional e internacional de descrédito de la democracia española para tratar de convertir a los encausados en víctimas. Con un cinismo digno de mejores causas, Torra pidió el viernes a Sánchez, antes de que los presos se desplazaran a Madrid para acudir al juicio, "valentía, coraje y voluntad de emprender los cambios democráticos que España necesita para homologarse a las democracias plenas y avanzadas del mundo". [?] Unos "cambios democráticos" que sólo se pueden garantizar con "el diálogo, la negociación y el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña". La semana pasada, el periodista y disidente turco Can Dündar publicó una dura columna en el diario alemán Die Zeit en la que cargó contra España por la prisión preventiva decretada por el Tribunal Supremo contra el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y comparó a España con Turquía o Rusia.
Pues bien: no parece que España tenga que emprender cambio alguno para ser considerada internacionalmente una democracia plena, incuestionable, impecable.
El prestigioso The Economist ha publicado hace escasas semanas el " The Democracy Index 2018", que elabora anualmente, y que revela que actualmente sólo un 4,5% de la población mundial vive en una democracia plena, un 0,5% menos que hace un año. En dicha clasificación, España repite, otro año más, en el puesto número 19 de la veintena de países que The Economist considera democracias plenas. Con una puntuación de 8,8 puntos sobre 10, España se coloca por delante de otros países europeos como Francia, Bélgica, Italia y Portugal. Los países que se hallan a la cabeza de ese prestigioso listado son Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca y Canadá. El estudio tiene en cuenta cinco criterios: si las elecciones son realmente libres y justas ("proceso electoral y pluralismo"), si los gobiernos tienen controles y contrapoderes ("funcionamiento del gobierno"), si los ciudadanos participan y están involucrados políticamente ("participación política"), si apoyan a su gobierno ("cultura política") y si gozan de libertad de expresión ("libertades civiles"). Por cierto, Turquía ocupa el puesto 110 en la clasificación y Rusia, el 144.
Hay otros indicadores acreditados del desarrollo democrático de los países, pero no tiene sentido insistir en lo obvio. España disfruta de una democracia plena, a pesar de que, como la inmensa mayoría de las demás democracias incuestionadas, no tiene reconocido el derecho a la autodeterminación de sus territorios internos. El pacto internacional de los derechos civiles y políticos de1966, conocido como "Pacto de Nueva York", dice en su artículo 1.1 que "todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho deberán establecer libremente su condición política y forjar su desarrollo económico, social y cultural". El artículo 1 del pacto sobre derechos económicos, sociales y culturales tiene idéntica redacción que el anterior y los dos forman parte de nuestro ordenamiento a través del artículo 10.2 de la Constitución. Pero ninguno de los dos es de aplicación a Cataluña ya que se refieren a situaciones coloniales. Ambos pactos beben de la resolución de la ONU de 14 de diciembre de 1960, en que se aprueba la Declaration on the Garanting of Independence to Colonial Countries and Peoples, cuyo artículo 2 se considera el acta de nacimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero esta declaración dice también en su artículo 6: "Todo intento dirigido a la ruptura total o parcial de la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas". Niega, pues, el llamado "derecho de secesión".
No sigan, pues, por el camino emprendido los soberanistas catalanes. La democracia española se defiende legítimamente de quienes pretendían violentar su integridad territorial. Y la comunidad internacional así lo entiende, con independencia del resultado del proceso en marcha. Y una advertencia más: es probable que la sentencia acabe en el Tribunal de Estrasburgo, que a lo mejor la modulará, pero se equivocan quienes creen que la justicia europea convalidará es golpe de estado incruento que pretendía la mutilación de uno de sus miembros.
