En las elecciones generales de Brasil, previstas para el día 7 de octubre, se enfrentarán el bloque de izquierdas (PT, Partido de los Trabajadores) y la ultraderecha encabezada por Jair Bolsonaro. El pasado mes, las encuestas de opinión apuntaban a la victoria de un PT liderado por Luiz Inácio Lula (39% en intención de voto), aunque la candidatura del expresidente, encarcelado en fecha 7 de abril, a seis meses exactos de las urnas, fue vetada el 31 de agosto, pese a la recomendación contraria de la ONU, por el Tribunal Superior Electoral de aquel país, lo que ha supuesto la renuncia de éste.
El PT gobernó ese país durante catorce años (2003 a 2016): los ocho primeros, hasta 2010, con Lula al frente y, posteriormente, bajo el mandato de Dilma Rousseff, asimismo destituida por, según fue publicado en su día, violación de normas fiscales y amaño de los presupuestos públicos, aunque en el cese de ambos dirigentes subyacía la corrupción mediada por una petrolera estatal: Petrobras. En esos años y con independencia de los beneficios personales que pudiesen haber obtenido, Brasil experimentó mejoras sustanciales ampliamente reconocidas y en distintos ámbitos, lo que explica la constatación, en los meses pasados, de un mayor apoyo al Partido que representaron: 36 millones de brasileños salieron de la extrema pobreza y se crearon alrededor de 20 millones de nuevos empleos, descendiendo el paro de un 12% al 4,8%. Asimismo y entre otros logros, aumentó en un 72% el salario mínimo, un 45% el PIB y más de siete veces el presupuesto para educación.
Sin embargo, y contra un haber que lo daba como ganador, su condena a 12 años y un mes en la prisión de Curitiba ha dado definitivamente al traste con las expectativas, tras ser acusado de lavado de dinero y posesión de un apartamento de lujo en Guarujá (Estado de Sao Paulo), regalo de la constructora OAS, vinculada asimismo a Petrobras y que Lula negó repetidamente ante el juez, por lo que no puede afirmarse con absoluta seguridad que la reflexión de Elías Canetti ("¡cuántas injusticias se cometen para ser justos una vez!") sea inadecuada en sus circunstancias. Sea como fuere, las reacciones tras la sentencia no se hicieron esperar y, a los pocos días, una encuesta del Instituto Datafolha determinaba que el 40% de los interrogados la consideraba injusta al tiempo que, por parte de los sectores conservadores, se batían palmas. Numerosos mandos del ejército se manifestaron explícitamente a favor de la reclusión e incluso un general llegó a apuntar que, de presentarse Lula da Silva a las elecciones en ciernes, "Sólo quedaría el recurso a la reacción armada".
Quizá convendrá aclarar a los lectores de la presente columna que mi interés por Brasil y su devenir se remonta a muchos años atrás, y la irresistible querencia por la Amazonia me ha llevado a repetidos episodios de indignación tras conocer la devastación que viene sufriendo, el interior del país y también sus pobladores, por mor de intereses económicos frente a los que el medioambiente pasa a ser cuestión menor. "Hacia donde se incline Brasil deberá inclinarse toda Latinoamérica", sugirió en su día Richard Nixon; de ahí que su futuro, a tenor de las políticas que implementen los gobernantes, puedan suponer esperanza o amenaza para el conjunto de Sudamérica.
Por lo que hace a la actual coyuntura, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, sigue considerando a Lula da Silva preso político de esa Derecha que ha articulado un frente (medios de comunicación, poder judicial, ejército) con el respaldo de la administración norteamericana, "que ve afectados sus intereses en la región". De ahí la campaña de movilización popular: "El pueblo quiere LULA LIBRE". En parecida línea, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), órgano consultivo de la Unesco y formado por instituciones de 47 países, manifestó al poco del encarcelamiento su repulsa por "una condena arbitraria y sin pruebas (Buenos Aires, 8 de abril); un golpe institucional por parte de un poder judicial que actúa bajo la presión de los monopolios, el ejército y el poder político y financiero", exigiendo su libertad toda vez que el propósito fue sin duda eliminar a Lula de la contienda electoral, lo cual se considera asimismo injusto por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al que el preso ha recurrido sin éxito tras su inhabilitación.
Desde abril, se organizó una "vigilia permanente" en los alrededores de la cárcel en que se halla internado, por parte de los sectores progresistas, aunque con todo y el rechazo de las clases populares a una decisión judicial en su criterio mediatizada por intereses espurios, el recientemente apuñalado Bolsonaro se perfila como ganador. Si ése fuera el caso, ¿qué le sucederá a Brasil y, tal vez por contagio, a las naciones de su entorno, si hemos de creer a Nixon? No queda sino esperar a los resultados del próximo octubre y, después, a verlas venir. De no ser que el PT disponga de un as en la manga con que enfrentar el futuro que, presumiblemente y a su pesar, se avecina.
