Somos muchos los ciudadanos sensibilizados que, cada vez que se presenta una ocasión, protestamos por la manifiesta desproporción de las penas que se imponen en ciertos casos. Y es que debe haber una correspondencia entre el reproche social que producen los delitos y los correspondientes castigos, algo que no ocurre generalmente. Lo publica hoy un periódico digital: el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, ha sido condenado a 51 años y 11 meses por sus marrullerías económicas. La condena supera en un año a la impuesta al etarra Francisco Javier García Gaztelu, ´Txapote´, y a su compañera, Irantzu Gallastegi, ´Amaia´, por el secuestro y asesinato en 1997 del edil del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco. Asimismo, el parricida José Bretón fue condenado a 40 años de prisión por asesinar a sus hijos Ruth y José en 2011, a los que secuestró y quemó.
Todo esto no tiene sentido. Como no lo tiene tampoco que la mayoría de los delitos sexuales reciban una sanción penal mayor que el homicidio e incluso el asesinato. Y esta situación es resultado de las reformas parciales que ha experimentado sucesivamente el Código Penal, casi siempre para agravar en caliente determinadas penas en perjuicio de otras. Además, penas tan largas no son conciliables con la rehabilitación que constituye constitucionalmente el objetivo de la privación de libertad.
