El Consell de Mallorca no informó a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de que la institución insular había levantado un acta e incoado un expediente a su ex director general de Transparencia, Jaume Porsell, por haber mentido en su declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) al no tener todos los papeles necesarios para iniciar la actividad.

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, aseguró ayer que la presidenta se enteró el pasado miércoles, al mismo tiempo que los periodistas, de que el agroturismo de Porsell «no cumplía con los requisitos», después de que el conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, explicara que los inspectores del Consell visitaron el establecimiento y descubrieron que no había aportado toda la documentación requerida, lo que derivó en la apertura de un expediente para que fuera sancionado en caso de que no resolviera el problema en 15 días.

A pesar de que el Consell conocía desde el viernes la situación del agroturismo, los máximos representantes de la institución no comunicaron en ningún momento los detalles a la presidenta del Govern hasta que se hizo público, lo que provocó que Prohens decidiera encargarse personalmente de recabar toda la información antes de tomar la decisión de cesar a su alto cargo.

El Govern considera que ha puesto «el listón demasiado alto» con esta decisión, a diferencia de la izquierda. En un primer momento, el vicepresidente aseguró que Porsell «no ha cometido ningún delito ni ninguna infracción administrativa», si bien más tarde explicó que no estaba negando la falta, sino reivindicando que el Ejecutivo autonómico le destituyó antes de que se formalice la sanción.

Por otro lado, el PSOE formalizó ayer la denuncia en el Consell en la que piden que se abran las diligencias oportunas por parte Turismo para «aclarar y sancionar» la publicidad, comercialización e inicio de actividad del agroturismo, así como para denunciar civil o penalmente al ex alto cargo por la comisión de un presunto delito de falsedad en documento público y fraude a la administración por haber falseado la declaración responsable de inicio de actividad turística.