El Govern del Partido Popular ha clausurado de forma definitiva la Oficina Anticorrupción con la publicación de la nueva ley ayer en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y destituye al hasta ahora director, Tòfol Milán. En un plazo de seis meses el ente dejará de estar operativo y, por ello, la nueva Inspectora General, Catalina Ferrer, se reunió con Milán para iniciar el traspaso de todos los expedientes.
En la exposición de motivos de la ley de transparencia que han impulsado para cerrar la Oficina, los populares justificaron la decisión porque el organismo «fue más allá de la necesaria regulación de los mecanismos de control para aplicar las normas que regulan la buena administración, el buen gobierno y las reglas de conducta» e insisten en que existe una «duplicidad» con la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal.
Asimismo, defienden como «necesaria» la eliminación de la Oficina «en beneficio de la simplificación y de la agilización de la acción y del funcionamiento» de la Administración pública, con el objetivo de conseguir que sea «más ágil y eficiente». «Resulta una obligación el logro de una administración moderna y eficiente, que simplifique las estructuras administrativas, que elimine duplicidades de actuación y que garantice el principio de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas», añaden.
Una vez clausurado el organismo, la información facilitada tendrá «carácter reservado» y deberá depositarse en el nuevo Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears, que será el encargado de requerir de aquellas personas que sean nombradas o cesadas en un cargo público el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, así como la comprobación de las variaciones en forma de incremento del patrimonio de todos los cargos públicos.
Por otro lado, también habrá cambios en las formas de presentar las informaciones porque hasta el momento, Anticorrupción ofrecía la posibilidad de presentar denuncias anónimas, aunque el PP descartó esta posibilidad desde el primer momento.
«Siempre hemos sido contrarios porque nos parece una total indefensión para cualquier persona, es muy fácil denunciar de forma anónima, que se filtre y acabe haciendo daño a esa persona», expresó en el momento de la presentación la portavoz adjunta del PP, Marga Duran, quien aseguró que todas las denuncias deben enviarse directamente a la Fiscalía o la Sindicatura de Cuentas.
En cuanto a los expedientes que aún están pendientes, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha situado al frente de la Inspección General a una alto cargo del PP que estuvo en la candidatura del expresidente Jaume Matas en las elecciones de 1999 para que se encargue de todos los casos sin resolver. Catalina Ferrer, que hasta hace unas semanas ocupaba la secretaría general de la conselleria de Vivienda, también estuvo como secretaria general en Presidència durante la legislatura de José Ramón Bauzá.
