Archivar de un plumazo doscientas denuncias de corrupción sería un récord incluso en la anterior fiscalía de Balears, felizmente extinguida. El PP falsificará la caducidad para anular los expedientes de la Oficina Anticorrupción, obsesionado por neutralizar el escándalo del socio del padre de Marga Prohens, promovido a director general y derivado con antelación hacia el fiscal del mismo ramo.
Si quieres disimular la quema de un árbol, incendia el bosque. El PP, que ahora mismo tiene a Rato y Zaplana en el banquillo, legaliza indiscriminadamente a corruptos. Con las prisas, ha puesto en marcha un procedimiento también irregular para eliminar la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, la consellera Antònia Estarellas siempre puede alegar que nombró a la Inspectora General archivadora antes de convocar la plaza porque no sabía que el 25 de marzo es anterior al 27 de marzo.
Los denunciados no reciben un archivo, sino un aval. A partir de ahora pueden presumir de su inocencia a diferencia de quienes no han sido acusados, según el patrón de las recientes denuncias y renuncias contra la mafia lacrimógena. Ningún votante puede llamarse a engaño, el PP llegó con el mandato de eliminar la corrupción por el procedimiento infalible de dejar de perseguirla.
En su obsesión por autoexculparse, el PP balear no contaba con la repercusión estatal de la desaparición de la Oficina. El escándalo ha irritado a Génova, porque la solución ideal era castrar el organismo y mantenerlo hibernado, como hizo el PSOE al adormecer los expedientes que no fueran dirigidos contra rivales políticos. Cabe admirarse con todo de la proeza del actual Govern, que ha corrompido hasta la liquidación de la Oficina Anticorrupción.
