La Audiencia de Palma ha dictado una sentencia exculpatoria a favor de la investigadora Gwendoly Barceló, que fue la primera experta que descubrió la comercialización ilegal del fármaco Minerval, que se suministraba a pacientes en estado terminal para curar el cáncer. La investigadora se ha tenido que defender de la demanda que presentó contra ella el catedrático de la UIB, Pablo Escribá, impulsor de la investigación para crear este fármaco, que le reclamaba una indemnización de 30.000 euros. La demandó porque consideraba que su actuación había vulnerado su honor, al imputarle públicamente hechos muy graves ante las autoridades sanitarias y frente a la Universitat. Escribá aseguraba que las acusaciones de la investigadora, que formó parte de su equipo de trabajo, habían sido la base por la que se fundamentó la investigación penal por la comercialización de este producto, que carecía de la autorización de las autoridades para su distribución. Esta causa penal, sin embargo, fue archivada por el juez, a pesar de que se declaró probado que el catedrático de la UIB había facilitado, a cambio de dinero, Minerval a pacientes que sufrían un cáncer muy avanzado. Aunque no hubo sanción penal, el llamado caso Minerval terminó con una multa económica contra el catedrático Escribá de 600.000 euros, por distribuir un producto farmacológico sin contar con la autorización correspondiente.
El catedrático sostenía que detrás de la denuncia que impulsó la investigadora Barceló existía un interés económico, porque no se le había abonado una patente.
La científica a la que la Audiencia ha exculpado formó parte del equipo que lideraba Pau Escribá entre los años 2007 y 2013. Después abandonó este puesto al obtener una beca en el hospital de Son Espases.
Escribá relacionó la campaña en su contra que inició la doctora Barceló porque se le denegó el pago por una patente, ya que se le dijo que la investigación no había terminado. Sin embargo, si bien es cierto, y así lo señala la sentencia, que la doctora Barceló fue una de las impulsoras de la denuncia contra la comercialización ilegal del producto Minerval, no fue la única. La jefa del departamento de Oncología de Son Espases también dirigió un escrito a la dirección médica del hospital, señalando su preocupación porque familiares de pacientes con cáncer habían comunicado que desde la UIB se les estaba proporcionando un fármaco contra esta enfermedad, que todavía no había sido aprobado por las autoridades científicas, por lo que su distribución era ilegal. A raíz de todas estas sospechas fue la UIB la que acudió a la fiscalía para que se investigara el caso.
La sentencia justifica que la investigadora Barceló, la primera que empezó a sospechar de las irregularidades que se estaban cometiendo con la distribución del fármaco, pusiera en conocimiento de los responsables de la UIB todos los datos que ella tenía. También justifica que en varias entrevistas con la prensa detallara las ventas ilegales de este producto que estaba realizando el catedrático de la UIB.
El tribunal de la Audiencia no aprecia ninguna irregularidad en la actuación de la investigadora al denunciar estos hechos. Escribá tendrá que pagar las costas por esta demanda que ha perdido.
