El conseller de Educación, Antoni Vera, ha asegurado esta mañana en el Parlament que cumplirán con el acuerdo con Vox para crear una Oficina de Libertad Lingüística ―Vera ha preferido hablar de Oficina de Derechos Lingüísticos― aunque ha advertido que "tendremos que aportar nuestro punto de vista y dejar muy claros nuestros límites". El titular de Educación no ha especificado cuáles van a ser estos límites pero ha reiterado que su posicionamiento será "respetar siempre" el Estatut d'Autonomia y la Constitución Española: "Son el paraguas que nos unen a todos".
Vera ha afirmado que la Oficina tendrá como objetivo "velar por la convivencia y la cordialidad" de las dos lenguas oficiales ―"siempre defenderemos el uso y aprendizaje de las dos lenguas"― y ha reivindicado que Baleares es una comunidad autonoma bilingue que tiene "un gran privilegio de contar con dos lenguas romanicas que han aportado grandes literatos y obras a la literatura en su conjunto".
El conseller de Eduación también ha incidido en que la postura del Govern se basa en dos principios: "Respeto por la libertad y el uso linguistico como piedra de toque de nuestra sociedad y el espíritu de libertad y de elección de lengua de uso en el discurso individual diario para que haya equilibrio y equidad entre las dos lenguas".
El Partido Popular decidió ayer suavizar el tono con sus socios por la Oficina de Libertad Lingüística después de pedir la "retirada inmediata" de la proposición de ley, una normativa que quiere imponer el castellano en Govern, Ayuntamientos y la UIB. Los ‘populares’ están dispuestos ahora a negociar la redacción final del texto a través de enmiendas durante la tramitación parlamentaria, aunque la presidenta del Govern, Marga Prohens, rechaza el planteamiento de la ultraderecha: "Ni la compartimos ni la conocíamos, el texto no nos gusta ni estaba consensuado".
Vox consigue así una primera victoria política tras la crisis vivida la pasada semana al conseguir que los ‘populares’ acepten debatir y votar esta iniciativa en la Cámara balear mientras los partidos de la oposición califican la propuesta de "claramente anticonstitucional y antiestatutaria".
