El Partido Popular ha exigido a Vox que "retire de forma inmediata" el texto referente a la proposión de ley presentada para la creación de la Oficina de la Libertad Lingüística. Según ha expresado el portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras, "es un texto redactado de forma unilateral por Vox y que no nos gusta ni poco ni nada". En este sentido, Sagreras ha advertido a la formación ultraderechista que si no retiran la propuesta, el Partido Popular se verá obligado "a presentar una multitud de enmiendas. La Oficina no saldrá adelante sin nuestros votos".
Asimismo, Sagreras ha insistido en que el PP "ha estado siempre con el Estatut de Autonomia, y en la defensa y normalidad de convivencia de las lenguas oficiales en Balears como son el catalán y el castellano". Respecto a la composición del propio texto, el portavoz de los populares admite que hay una gran cantidad de puntos en los que no están de acuerdo. "Invade competencias, no nos gusta el preámbulo y establece un régimen sancionador que no tiene sentido".
En cuanto al documento programático firmado entre ambos, el portavoz ha defendido que "el acuerdo pasaba por la creación de esta oficina, pero en ningún caso este texto está pactado, si no les aseguro que no hubiera salido así". Durante esta mañana el portavoz del Govern, Toni Costa, también ha defendido esta misma postura. "El Govern no conocía el texto de la proposición de ley. Lo que estaba pactado con Vox es el punto del acuerdo para la creación de dicha oficina y que la propuesta la llevarían a cabo ellos, pero en ningún caso conocíamos el contenido".
Defensa del castellano
El texto redactado por Vox señala que "el abandono y destierro del castellano ha llegado a tal punto que en prácticamente todas las instituciones de las islas todos los escritos, normativa, comunicaciones e informaciones exigen la obligación de utilizar el catalán y, por ende, la imposibilidad o, al menos, amplias limitaciones para emplear el castellano".
La creación de la prometida Oficina se quiere ejecutar mediante una ley que permita al nuevo organismo imponer multas de hasta 100.000 euros por incumplmiento del uso del español. El PP balear deberá apoyar la nueva normativa para que sea aprobada.
